Una ley que eleva impuestos y reduce salarios desata disturbios en Argentina

Los disturbios y la agitación social continuaron ayer en la provincia argentina de Córdoba, donde el jueves se registraron 30 heridos en los enfrentamientos entre policías y trabajadores estatales que protestan por la aprobación de una ley que aumenta impuestos y reduce salarios.Durante toda la jornada del viernes, Córdoba fue escenario nuevamente de la violencia callejera, con decenas de heridos y de detenidos. Grupos de manifestantes causaron serios destrozos en las calles céntricas.

La sede de la opositora Unión Cívica Radical fue asaltada y parcialmente incendiada por un grupo de manifestantes, que también rompieron escaparates de numerosos comercios y bancos. La provincia de Córdoba es gobernada desde diciembre de 1983 por el radical Eduardo Angeloz, que mantiene en estos momentos un pulso político con el actual ministro de Economía, Domingo Cavallo.

La situación también es delicada en Tucumán, con los jubilados y empleados públicos en pie de guerra contra el retraso de más de dos meses en el pago de salarios.

Córdoba atraviesa una situación especialmente tensa después de la aprobación de una ley de emergencia que autoriza al Gobierno por un monto de 600 millones de dólares a emitir bonos para pagar sueldos y jubilaciones. Por otra parte, se establece un sueldo máximo de 4.100 dólares para los miembros del legislativo provincial, y una disposición por la cual se les descontará un día de sueldo por mes a los funcionarios que cobren más de 500 dólares. Asimismo, los jubilados y pensionistas que perciban más de 400 y 300 dólares, respectivamente, deben hacer un aporte extraordinario del 5%.

El Gobierno ha decretado el estado de alerta en todos los cuarteles de la gendarmería de Córdoba y Santa Fe.

Las protestas de Córdoba comenzaron hace seis meses al retrasarse el pago de los salarios de administrativos, docentes, empleados de la salud y jubilados. Los 930 despidos y las 15.893 suspensiones de contrato en el sector privado, con una caída en las ventas del 30% y unas pérdidas, de 300 millones de dólares en el campo, contribuyeron a enrarecer el ambiente. La crisis de las arcas públicas se traduce en un déficit presupuestario de más de 200 millones y un endeudamiento de unos mil millones de dólares.