El PP vetará la comparecencia del Gobierno si el que da la explicación es Narcís Serra

El Partido Popular vetará que sea Narcís Serra, en vez de Felipe González, quien explique el próximo miércoles en el pleno del Congreso las escuchas ilegales del Cesid y su difusión. El resultado será, con gran probabilidad, que no haya explicación del Gobierno al Parlamento y que la comparecencia quede aplazada una semana, según un alto cargo de La Moncloa. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rodrigo Rato, resumió gráficamente en declaraciones a este diario la tesis del PP: "Serra no puede ser un cadáver político atado a un caballo para pasearlo por el Congreso y luego dejarlo caer".

Los populares sostienen que es imprescindible el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces que se reúne mañana, para variar el orden del día ya previsto e incluir la comparecencia del Gobierno para hablar del Cesid. Un acuerdo unánime que no será posible porque el PP vetará con su voto en contra cualquier propuesta que no sea la de que Felipe González, dé la cara ante el pleno del Congreso por las escuchas telefónicas ilegales.Ésa es la estrategia del Grupo Popular para presionar al presidente del Gobierno a que asuma la responsabilidad política de las irregularidades descubiertas en el Cesid. El Gobierno, según fuentes de La Moncloa consultadas ayer, no planteará una batalla jurídica para sortear el veto del Partido Popular y conseguir que sea el pleno del Congreso el que autorice finalmente la comparecencia del Gobierno. Por tanto, la explicación de Narcís Serra quedaría pospuesta al martes día 27.

Una demora que los populares interpretan que perjudicará a Felipe González, porque ya no podrá aparecer exclusivamente relacionado con la política europea -la cumbre de la UE se realizará los días 26 y 27 en Cannes- y tendrá que cargar una semana más con el escándalo del Cesid. El día 28 o 29, González tendrá que intervenir en el pleno del Congreso para explicar las conclusiones de la cumbre de la Unión Europea y el PP aoprovechará esa oportunidad objetiva para responsabilizarle de las, ilegalidades cometidas por el servicio secreto.

Desde la perspectiva del Gobierno, "el Partido Popular, después de llevar un semana pidiendo una explicación pública, ahora trata de impedir que el Parlamento conozca la información que tiene el Gobierno y que el Gobierno demuestre que está dispuesto a dar explicaciones públicas", según Enrique Guerrero, numero dos del Ministerio de la Presidencia. De ese modo, según Guerrero, el Partido Popular actúa "con una estrategia partidista cuya legitimidad es bien escasa cuando se trata de asuntos de Estado".

Dimisión amortiguadora

Para el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, la dimisión de Serra "era un hecho político que se daba por descontado y al que sólo faltaba ponerle fecha. Ahora, con el amago que supone el anuncio de su dimisión lo que se intenta es amortiguar el impacto del escándalo de las escuchas".El portavoz popular en el Congreso, Rodrigo Rato, considera un "auténtico fraude" que Serra explique las irregularidades cometidas por el Cesid cuando es un ministro que ha presentado su dimisión y además se sabe que el presidente del Gobierno se la va a aceptar. "No tiene sentido que las explicaciones sobre un problema de Gobierno la dé un ministro dimitido. Las tiene que dar alguien con autoridad política. Serra no puede ser un cadáver político atado a un caballo para pasearlo por el Congreso de los Diputados y luego dejarlo caer".

Según los populares, el Gobierno está intentando ganar tiempo para destruir las pruebas de las escuchas ilegales realizadas por el Cesid. Una violación del secreto de las comunicaciones que constituye para Álvarez Cascos el mayor atropello contra los derechos y las libertades desde el fallido golpe de Estado del 23-F.

El Partido Popular interpretó ayer la detención del coronel Juan Alberto Perote, acusado de robo y revelación de secretos oficiales, como una maniobra del Gobierno para convertirle en "chivo expiatorio" del escándalo del Cesid.

Álvarez Cascos consideró, sospechoso que la justicia actúe diligentemente contra el coronel Perote, procediendo a su detención por revelación de secretos del Cesid, es decir, por revelación de delitos del Cesid, y permanezca con los brazos cruzados ante los autores de la comisión de esos delitos". [La detención de Perote se produjo en la madrugada del domingo por orden del juez togado militar central tras una denuncia del teniente general Emilio Alonso Manglano, director dimisionario del Centro Superior de Información de la Defensa].

Los responsables de las escuchas ilegales, según el número dos del Partido Popular, "nó sólo siguen en libertad sino que permanecen en sus puestos en el Cesid, dedicados a borrar toda pista de sus actividades inconfesables, gracias a la oportunidad que les brinda un Gobierno cómplice y una justicia contradictoria".

Este dirigente popular pidió al fiscal general del Estado, Carlos Granados, que "hable menos y actúe más. Hora es ya de que, en lugar de dictar conferencias y teorizar sobre sus competencias, el fiscal general del Estado actúe decididamente contra los autores principales" de los delitos de escucha telefónica ilegal.