Táctica y estrategia de la intriga

Si Mario Conde ha participado o no en la afloración de las escuchas del Cesid es una cosa que deberá elucidar la investigación de la Fiscalía General del Estado. Pero hay un hecho importante que debería ser advertido sobre el estilo de los movimientos del ex banquero: es el mismo que estos días no ha tenido inconveniente, casi se diría que ha disfrutado con ello, en que su nombre y su foto sea objeto de comentarios en relación con el affaire de las escuchas. En principio, podía haberse querellado inmediatamente por presunta difamación, pero con su silencio ha contribuido, hasta ahora, a amplificar las sospechas sobre su presunta intriga.En los últimos meses, Conde ha sido el personaje del sumario del caso Banesto, en el que se le acusa de delitos de estafa y apropiación indebida por valor de 7.000 millones de pesetas, y sobre el que pesa la medida cautelar de presentarse cada 15 días ante el juzgado. Poco a poco, el ex banquero ha conseguido dar cierto protagonismo al informe Crillon, un trabajo que según él es la clave de la intervención de Banesto y de la querella posterior de la Fiscalía, ya que habría sido encargado por el vicepresidente de Gobierno precisamente para poder materializar el ajuste de cuentas.

Conde ha tenido dos tipos de problemas en el Supremo. Primero, sus intentos de personación tras la denuncia del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, han chocado de momento con la prudencia del juez Eduardo Moner. Segundo, tanto las declaraciones de Roldán como las de Julián Sancristóbal, el hombre que se ocupó de todos los detalles para encargar y pagar el informe Crillon a la agencia Kroll Associates, no responden a lo que él deseaba. Conde les pidió a ambos, a través de vías diversas, que declarasen que Serra había encargado el informe a título personal con el fin de utilizarlo contra su eventual intento de entrar en la actividad política.

Si bien Roldán declaró desde un principio que Serra le había solicitado que encargase un informe sobre Conde "ante los indicios de conductas presuntamente delictivas que podían existir por parte del presidente de Banesto". Esto, claro, no era del agrado de Conde. En cambio, Roldán sí hizo una concesión al ex banquero, al declarar que el informe perseguía una doble finalidad: la de averiguar las conductas presuntamente delictivas y "otra de contenido político, al haber manifestado el señor Conde ciertas intenciones de pasar a la vida política".

Cuando tocó el turno a Sancristóbal, que había hecho confidencias a Conde durante su estancia coincidente en la prisión de Alcalá Meco, aquel declaró ante el Supremo que había encargado el informe a la agencia Kroll porque así se lo había solicitado Luis Roldán, pero al mismo tiempo explicó que ignoraba quién a su vez se lo había propuesto a Roldán. Tampoco sabía, dijo, de dónde provenían los fondos.

Sancristóbal lo tuvo muy fácil porque Roldán, en su declaración, le había tratado de manera exquisita. Según el propio Roldán, su amigo Sancristóbal había simplemente contactado con la agencia Kroll y se había encargado de canalizar los pagos a la misma. Sancristóbal, según Roldán, no había tenido participación alguna en la, gestión encargada por Narcís, Serra.

Después llegó la declaración de Emilio Alonso Manglano. El responsable del Cesid negó que se hubiese encargado el informe a Kroll sobre Conde y que se pagase con fondos reservados.

A todo esto, Mario Conde, qué impugnó al Juez Manuel García-Castellón para seguir instruyendo el caso Banesto, por ahora sin éxito, sufrió un nuevo revés a finales de mayo en el caso Crillon. El juez Moner, encargado de las diligencias en el Supremo, denegó la personación de Mario Conde por segunda vez, ante el recurso de reforma, tras haber pedido en una primera ocasión aclaraciones sobre los delitos de los que se sentía perjudicado. El pasado 1 de junio, Mariano Gómez de Liaño elevaba un recurso de queja contra la resolución del juez.

Por tanto, la vía de politización del caso Banesto a través del informe Crillon no parecía hacerse camino al andar. Conde tenía preparado otro testigo de poco valor: Juan Perote. Pero Perote dejó el Cesid a finales de 1991 y todo lo que sabe sobre el informe Crillon le ha venido por Sancristóbal. Por tanto, no puede aportar información directa y, por otra parte, Sancristóbal ya ha ofrecido su versión ante el Supremo.

Cuando se le preguntó, en medios privados, a Perote por su inclusión como testigo, en la lista de diligencias propuesta por Conde, respondió que la culpa era de Sancristóbal. Da la impresión de que aquello que Conde no ha podido conseguir de Sancristóbal aspira a lograrlo de Perote. Pero no es lo mismo, porque Perote confiesa que todo lo sabe por Sancristóbal.

Además, en esos medios privados, Perote ha asegurado que iba a conseguir que Mario Conde le quitase de la lista de testigos. Pero su nombre también está en la lista propuesta por los abogados de Roldán.

En este contexto, pues, hay que situar esa tentación de Mario Conde por verse catapultado a las primeras páginas en el affaire de las escuchas. Supone una politización extrema de su persona y casó, limitado a simples estafas y apropiaciones por valor de 7.000 millones, con la seguridad de que al no poderse probar su participación en la presunta operación de filtraje quedará ante los medios y la opinión pública como una nuevo chivo emisario del poder político. El cálculo es que, tanto si no ha participado en la operación como si lo ha hecho de una manera que nunca se puedan presentar pruebas jurídicamente fuertes, su victimismo sería susceptible de ser explotado.

Pero, el viejo topo sigue horadando el terreno judicial. Y ese viejo topo es el juez Manuel García-Castellón y el fiscal Florentino Ortí, que avanzan en la instrucción de los delitos de estafa y apropiación indebida presuntamente cometidos por Conde y sus amigos. Todas las maniobras pueden ser geniales, pero como dice el refrán no hay letra que no se venza ni plazo que no se cumpla.