La Fiscalía de Madrid requiere las cintas con las grabaciones ilegales captadas por el Cesid

La Fiscalía de Madrid ha entregado un requerimiento al diario El Mundo en el que le reclama las cintas magnetofónicas con las grabaciones de conversaciones ilegalmente captadas por el Cesid, algunas de las cuales fueron publicadas por el rotativo el pasado miércoles. Fuentes del ministerio fiscal informaron que el diario entregó ayer los estadillos del Cesid que fueron reproducidos en sus páginas, pero no las cintas presuntamente sustraídas de la sede de los servicios secretos. Según fuentes consultadas en la fiscalía, el requerimiento para la entrega de los soportes de las grabaciones fue notificado ayer a los responsables del periódico, quienes se comprometieron verbalmente a hacerlos llegar "lo más pronto posible". La fiscalía sigue recabando información, pero, por el momento, no se ha iniciado ninguna actuación judicial.

La primera de las querellas contra el director del Cesid, el general Emilio Alonso Manglano, instada por el director de la revista Época, Jaime Campmany, correspondió, ayer por turno de reparto al juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular, la juez. María Jesús Coronado, instruye la denuncia del Partido Popular por el uso presuntamente irregular de los fondos reservados, según informó la agencia Efe.Sin embargo, aún no parece posible determinar quién instruirá el proceso penal, dado que se espera que en los próximos días, se formulen más denuncias y querellas, que previsiblemente se dirigirán contra aforados como el vicepresidente Narcís Serra. Esta circunstancia podría hacer que la competencia correspondiera finalmente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En ese sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, declaró ayer que lo más probable es que el Tribunal Supremo entienda de todas las querellas presentadas contra los eventuales responsables de las escuchas telefónicas. En cuanto a las vertientes penales del caso las escuchas por un lado, y la difusión de su contenido por otro el portavoz de Jueces para la Democracia dijo que la primera es una evidente violación de un derecho fundamental, mientras que la segunda puede ser constitutiva de un delito por parte de los medios que difunden el contenido de las cintas.

Conversación privada

De este segundo aspecto, José Antonio Alonso exceptuó a los medios que difunden las conversaciones con la autorización del espiado. "Con la ley en la mano, sólo se puede difundir una conversación privada si medía el permiso del afectado", explicó.Mientras el nuevo escándalo de las escuchas no termina de arrancar en vía penal, en el ámbito administrativo el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente informó ayer que abrirá expedientes para tratar de aclarar quién interceptó las conversaciones telefónicas y el mecanismo para su difusión.

La interceptación no autorizada de comunicaciones telefónicas y su difusión posterior pueden constituir infracciones administrativas graves, sancionadas en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1992. El ministro de Obras Públicas, José Borrell, dijo que las instituciones actuarán de manera "tajante y rotunda" en el esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades que pudieran originar.