El PSOE pide las cabezas de Serra, Vargas y Granados

Rebelión. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Felipe González, ya sabe, y muy bien, qué piensa su partido. Los socialistas quieren que esta vez se actúe rápido y con energía. En su opinión, y como primera medida, por el escándalo del Cesid deben pagar con su dimisión el vicepresidente del Ejecutivo, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y que en el mismo paquete se incluya al general del Estado, Carlos Granados. Esta solución, con la que están de acuerdo todas las familia del PSOE, permitiría al partido actuar unido y con decisión frente a quienes intentan desestabilizar las instituciones del Estado. Tras escuchar en silencio estas quejas, González se mantuvo firme. Según fuentes de la Moncloa, no es probable que Serra se vaya porque, aceptada la dimisión de Alonso Manglano, el vicepresidente es una pieza clave para preservar la eficacia de los servicios secretos.

El Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE hablaron ayer con claridad, pero no consiguieron saber si Felipe González tendrá en cuenta y actuará conforme a sus sugerencias. El Comité Permanente del partido pidió al presidente del Gobierno, en el curso de un almuerzo al que no asistió Narcís Serra, la sustitución del vicepresidente del Gobierno, la del ministro de Defensa, Julián García Vargas, y la del fiscal general del Estado, Carlos Granados. Una vez que los socialistas depurasen sus propias responsabilidades en el caso Cesid, empezarían a tomar medidas frente a quienes actúan al margen de la legalidad y de manera conspirativa contra las instituciones democráticas, según informaron asistentes a la reunión. González supo por los suyos que el grupo parlamentario bulle a la máxima temperatura en demanda de medidas, y la primera la destitución del vicepresidente del Gobierno, que ayer pidió expresamente Rodríguez Ibarra. Serra ya estaba en el punto de mira de las críticas internas por los escándalos anteriores y tras los adversos resultados electorales del 28-M.Antes de que se reunieran en La Moncloa los secretarios de área junto a algunos secretarios regionales, el presidente ya conocía el sentir del grupo parlamentario por informaciones que recibió telefónicamente.

"A punto de estallar"

Si en un principio se pensó que el revuelo era cosa de guerristas, enseguida el presidente del grupo, Joaquín Almunia, apreció que el sentir era generalizado y que, con independencia de la adscripción, todos pedían la sustitución de Serra. El grupo "está a punto de estallar", llegó a reconocer impresionado, antes del almuerzo de La Moncloa, el secretario general Jesús Caldera.En la reunión con González los ejecutivos fueron más allá y hablaron no sólo de Narcís Serra, sino también de Julián García Vargas y del fiscal general del Estado. García Vargas, en su condición de ministro de Defensa y conocido ya el cese del director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano. El fiscal, porque según sus críticos no ha cumplido con su trabajo casi en ninguna ocasión, según apuntó el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, a quien secundaron todos los demás asistentes.

Las fuentes informantes aseguran que Felipe González "habló muy poco", porque desde el principio dijo que quería limitarse a escuchar. Estuvo muy atento, pero no se pronunció. Por tanto, y como declaración de principios, las fuentes informantes asistentes aseguran que nadie puede decir que de esta reunión saliese la destitución de nadie expresada por González, sino que éste se limitó a conocer la petición de los dirigentes más relevantes de su partido.

Las mismas fuentes reconocen, no obstante, que los más remisos a medidas tan tajantes fueron el presidente del grupo parlamentario, Joaquín Almunia, y el secretario de Organización, Ciprià Ciscar, aunque aseguran que el almuerzo transcurrió en un ambiente "de lealtad y camaradería" y todos hablaron con libertad.

El análisis que unos y otros hicieron de la situación, absolutamente coincidente, tuvo dos vertientes. Por un lado, la necesidad de tomar medidas al verse afectado el servicio secreto español y, como consecuencia de su mal funcionamiento, producirse un grave "daño al Estado" y la violación de derechos humanos, y por otro lado, la existencia de comportamientos y actos antidemocráticos y "conspirativos" contra las instituciones. Dichas esas cuestiones la conclusión fue que hay que corregirlas por medio de cambios y sustituciones, y depurar responsabilidades por as escuchas del Cesid y su difusión.

Los asistentes

La reunión de la Comisión Permanente, prevista inicialmente para estudiar los pactos municipales y autonómicos tras el 28-M, estuvo rodeada de gran expectación. Además de los habituales -Felipe González, Ramón Rubial, Alfonso Guerra, Cipriá Ciscar, Joaquín Almunia, Txiki Benegas, Francisco Fernández Marugán y Raimon Obiol, Luis Martínez Noval, Clementina Diez, Alejandro Cercas y Ludolfo Paramio acudieron los secretarios regionales Joan Lerma, de la Comunidad Valenciana; Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de Extremadura, y Manuel Chaves, de Andalucía.La víspera Felipe González mantuvo un encuentro con otro barón regional, el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, quien se pronunció por la opción de cambios en el Ejecutivo. Junto a este dato trascendió que el titular de Defensa, Julián García Vargas, comunicó al presidente su disposición a dejar el cargo. Numerosos diputados especulaban también con la probable sustitución de Narcís Serra por el ministro de Exteriores, Javier Solana. En La Moncloa insistían en que Serra no se irá.