El portavoz de CiU se muestra moderadamente satisfecho, pero pide más explicaciones al Gobierno

El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, CiU, Joaquim Molins, mantuvo ayer una posición que quiso ser equidistante entre la descalificación total formulada por el PP e Izquierda Unida y la contenida complacencia del Grupo Socialista. Molins consideró interesantes algunos de los asuntos explicados por Serra y García Vargas; realmente secretos otros y, en todo caso, insuficientes como para dar el asunto por zanjado.Molins, como ya dijera el día anterior el presidente de la Generálitat, Jordi Pújol, estima imprescindible que el Gobierno de explicaciones a los ciudadanos y no sólo a cinco parlamentarios de la Comisión de Secretos Oficiales. Así lo hará el Ejecutivo el próximo miércoles.

"El Gobierno ha incurrido en grave negligencia", dijo Molins, que pidió una actuación rápida para que no vuelvan a ocurrir hechos como los acontecidos. El único portavoz de la oposición que habló de una posible segunda parte en esta historia fue Molins. "Se puede estar planteando un pulso al Estado democrático".

El portavoz de la coalición nacionalista no quiso entrar en valoraciones, políticas sobre si estos hechos debilitaban o fortalecían su asociación con el Gobierno, central, sometida a grandes tensiones tras la negativa de Unió a apoyar el proyecto de ley del aborto y del revolcón electoral sufrido por CiU en las municipales del 28-M.

Además, todas las negociaciones pendientes entre el Gobierno y CiU se encuentran estancadas hasta que el Ejecutivo solucione la grave crisis provocada por el caso Cesid. Los nacionalistas catalanes deben solventar aún acuerdos con el Gobierno en cuatro asuntos que consideran clave: política autonómica, política fiscal, presidencia española de la Unión Europea y los Presupuestos Generales del Estado.

[Fuentes de CiU, recogidas por Europa Press, señalaron ayer que dirigentes nacionalistas catalanes consideran que el vicepresidente del Gobierno debe asumir responsabilidades por las escuchas para que CiU pueda seguir apoyando al Gobierno socialista. Las mismas fuentes manifestaron que confían en que el vicepresidente acabe dimitiendo por el escándalo de las cintas y que, de no producirse la renuncia de Serra, la responsabilidad por las escuchas ilegales podría trasladarse automáticamente al presidente del Gobierno, Felipe González.]

El tono moderado de Molins lo utilizó también el presidente del Grupo Socialista, Joaquín Almunia. A su juicio, la información que facilitaron estos dos miembros del Gobierno durante más de cuatro horas fue "abundante, precisa y concreta".

Almunia afirmó que en todo caso la información no era definitiva sino que la investigación continuaba. Según tenía previsto el Grupo Socialista, se felicitó su portavoz de que en la próxima semana haya un debate público sobre esta cuestión. Almunia reconoció que al menos, ya hay dos tipos de responsabilidades a juzgar. Por un lado, la que se deriva "la custodia defectuosa" de los datos, y de otro, su utilización.