Serra y García Vargas responderán en el Congreso a la acusación de espionaje

El anuncio de la comparecencia conjunta del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, para explicar mañana, ante la Comisión de Secretos Oficiales, las escuchas del Cesid al Rey y a otros personajes públicos no aplacó ayer la indignación de la oposición. En una tensa reunión de la Junta de Portavoces, PNV y CiU, habituales apoyos del Gobierno, se sumaron al resto de los grupos para exigir que Serra dé la cara en este nuevo escándalo. El PNV incluso se alineó con el PP para pedir la comparecencia de Felipe González ante el Congreso.

Con este último episodio, el Gobierno probablemente escuchará lo que nunca imaginó. Esta vez, el Partido Popular, por boca de su portavoz parlamentario, Rodrigo Rato, dejará en el aire la sospecha de que el Gobierno ha utilizado algunas de estas escuchas ilegales para chantajear a los afectados.

"Hay que preguntarse si éste es un Gobierno de obsesos por el poder y quieren controlar la más mínima información o se ha convertido en chantajista", dijo Rato."La famosa frase de Felipe González según la cual 'quien me echa un pulso lo pierde', quizá tiene que ver con esto", señaló a EL PAÍS.

Sobre las declaraciones de Rato, el secretario general de Relaciones con las Cortes, Enrique Guerrero, respondió: "Es paradójico y malintencionado, que se nos hagan estas imputaciones tras las andanadas que estamos sufriendo en los últimos tiempos".

Por su parte, José María Aznar calificó ayer por la tarde de "situación muy grave" la desencadenada por el escándalo, informa Victorino Ruiz de Azúa. "Ya es cuestión de pura higiene democrática, de decencia democrática", dijo. "La situación política ha entrado en un proceso de degradación que nos ha llevado a esto". El presidente del PP agregó que existe una alternativa, sancionada en las urnas, y pidió al Gobierno y a González "que no se siga jugando con España a la ruleta rusa". El líder de Izquierda Unida, Julio Anguita, dijo en una entrevista radiofónica que el asunto de las escuchas es "una prueba más de la descomposición del Estado".

Desde la Moncloa se constataba ayer que la presidencia europea puede ser un auténtico calvario para González. La convicción de que viejos cadáveres saldrán de los armarios está ya instalada en la Presidencia del Gobierno.

Pero la gravedad del caso hacía insuficiente esta argumentación del Ejecutivo y de los partidos que lo apoyan, especialmente CiU. Prueba de esta situación es que algunos militantes socialistas, como Álvaro Cuesta o Enrique Múgica, éste último afectado por las escuchas, resaltaron la gravedad de que un organismo del Estado haya espiado a personajes públicos y que documentos del Cesid circulen públicamente.

El ministro de Defensa, Julián García Vargas, ya había expresa-

do su preocupación porque saliesen a la luz secretos del Cesid manejados por antiguos altos cargos de este organismo. La explicación más probable que ofrecerán tanto él como Serra en la Comisión de Secretos Oficiales es que no hubo seguimiento concreto de personas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana justificó ayer las escuchas aduciendo que los servicios de inteligencia "tienen obligaciones que a veces son difíciles de comprender, pero que son imprescindibles para la seguridad del Estado".Los efectos políticos de este nuevo escándalo están aún por ver. El desmarque más serio vino ayer del PNV. Iñaki Anasagasti, su portavoz, pidió inmediatamente la dimisión del responsable del Cesid, Emilio Alonso Manglano. "Me siento engañado, porque cuando visitamos el Cesid hace dos años Manglano nos dijo que nunca se había espiado a políticos y periodistas", dijo.

Problemas para CiU

La tormenta afecta especialmente a CiU, sometido ahora a una crisis interna tras su revolcón electoral y la consiguiente puesta en cuestión del apoyo al Gobierno. Joaquim Molins, su porta voz, nadó ayer entre dos aguas: exigió la comparecencia de Serra y añadió que si no le convencía su explicación exigiría la comparecencia de Felipe González, como había solicitado el PP. Molins no ocultó que el escándalo es "gravísimo y preocupante" y lanzó un duro ataque contra Manglano, del que dijo que "está acumulando hechos que no son un ejemplo de eficacia". El PP entró a saco. Loyola de Palacio, acusó al Gobierno de "impedir que se dé una respuesta a la so ciedad española, que se encuentra alarmada porque comprende que vive en un estado policial". De Palacio describió el escándalo como "uno de los hechos más graves de la democracia" y dirigió todas sus baterías contra Felipe González, del que dijo que "nunca da la cara ni asume su responsabilidad". Un tono igualmente duro utilizó la portavoz de IU, Rosa Aguilar, que calificó de "repugnante" el asunto.

Pero las críticas también surgían del seno del PSOE. Los diputados Álvaro Cuesta y Manuel de la Rocha consideraron extremadamente grave lo ocurrido. Álvaro Cuesta se preguntó en la reunión matutina del grupo parlamentario socialista desde cuándo el Cesid conoció el caso Roldán. De la Rocha pidió responsabilidades penales, reorganización a fondo de los servicios secretos al demostrarse que han actuado "al margen de la legalidad" y, finalmente, "depurar la responsabilidad política que proceda".

En una línea más suave, el secretario de organización del PSOE, Ciprià Ciscar, dijo ayer en nombre del partido que desea que "con absoluta claridad y transparencia se dé a conocer cualquier hecho que se haya producido y se apliquen responsabilidades si las hubiere".

Felipe González despachó ayer con el Rey, como hace todos los jueves, según fuentes de la Casa Real. Pese a que nunca se informa del contenido de estas reuniones, es seguro que se hizo referencia a las grabaciones del Cesid, de las que el propio don Juan Carlos ha sido objeto.