Telecomunicaciones por cable

El director general de Industria de la Generalitat de Catalunya contesta ("¿Realismo o demagogia?", EL PAÍS, 2 de junio) a mis artículos de los pasados 11 y 12 de mayo, publicados a raíz de unas extensas declaraciones del consejero de Industria y Energía, en las que planteaba que el proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable agudizaría los desequilibrios territoriales de Cataluña.La argumentación de Subirá -y por tanto mi respuesta- centraba la cuestión del proyecto de ley en dos aspectos generales: las demarcaciones y las competencias. Respecto de las primeras no cabe sino insistir en nuestra convicción de que para desarrollar redes urbanas alternativas es preciso contar con la colaboración de los Ayuntamientos, a quienes corresponde, entre otras competencias, la gestión del dominio público urbano. La rentabilidad de una red local de telecomunicaciones se obtendrá a partir de los ingresos por servicios de carácter local y mediante el suministro a operadores nacionales de larga distancia del acceso a los usuarios locales.El director general de Industria cuestiona este ámbito municipal y defiende la demarcación autonómica, y al hacerlo incurre en inconsistencias evidentes. Por ejemplo, afirma: "Es cierto que el proyecto de ley del Gobierno prevé que los municipios pequeños pueden agruparse, pero esta agrupación, que es costosa porque requiere la conexión de grupos alejados, no siempre es viable económicamente". ¿Es que los núcleos dejan de estar alejados al considerar una demarcación de ámbito autonómico? De otro lado, hay que insistir en que el proyecto de ley del Gobierno permite amplia libertad a los municipios para agruparse: en ámbitos. comarcales, asociando una aglomeración urbana importante a los municipios circundantes, etcétera. El límite superior se establece en un millón y medio de personas y, por tanto, podrán unirse zonas más atractivas económicamente con otras que no lo sean tanto. Como se mencionaba en mis artículos, esa flexibilidad en la configuración de las demarcaciones y la posibilidad de intercalarlas con redes ya existentes harán más atractiva la inversión al garantizar su rentabilidad económica.

No quisiera escribir otro artículo. Agradezco la contestación del señor Puig, pero no he sido capaz de encontrar a su argumentación razones sólidas ni, por supuesto, cifras que las sustenten.

En cuanto a la cuestión competencial, celebro que el director general de Industria ni la mencione. Entiendo que le parecen convincentes nuestros argumentos en el sentido de que la regulación y autorización de las redes de cable y los servicios que soportan son competencia exclusiva de la Administración del Estado. No podría ser de otro modo: al fin y al cabo, así lo establece el artículo 149 de nuestra Constitución. Por ello, la contestación del señor Puig me permite ser optimista respecto a un rápido desbloqueo de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

No me queda sino agradecer a EL PAÍS la acogida que ha prestado a este debate y colaborar activamente con los grupos parlamentarios para que puedan encontrar, con respeto a la Constitución, vías de consenso. Ello será beneficioso para todos Secretaria general de Comunicaciones del MOPTMA.