Borrell impugna el concurso de cable convocado por el Ayuntamiento de Barcelona

La polémica planteada sobre las comunicaciones por cable y su inmediata legislación subió ayer varios enteros. El ministerio de Obras Públicas, cuyo titular es José Borrell, ha impugnado el concurso convocado por el ayuntamiento de Barcelona para la construcción y explotación de una red de cable de telecomunicaciones avanzadas. Esto sucede cuando, después de las elecciones autonómicas y municipales, se pretendía negociar de nuevo entre el Gobierno y CiU para introducir algunos cambios en el proyecto de ley del cable.La impugnación ministerial ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se formaliza así un conflicto cuya existencia ya conocía el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, puesto que había recibido advertencias no oficiales del ministerio de Borrell para que no actuara por su cuenta en esa cuestión. El momento político para formalizar la impugnación no puede ser más significativo: Maragall ha resultado el candidato más votado a la alcaldía de esa ciudad.

El ayuntamiento de Barcelona convocó, en marzo pasado, el concurso para construir una red de comunicaciones por cable que, en su fase inicial, afectará a 20.000 hogares de la capital catalana.

Tras una prórroga de un mes, el plazo. de presentación de solicitudes por parte de las empresas interesadas ha quedado ampliado hasta el próximo día 30. Al menos 15 grupos empresariales, entre los que se encuentran grandes corporaciones multinacionales como Time Warner y US West, han mostrado su interés por participar en ese proyecto.

Pero el Gobierno considera que la autorización y regulación de las redes para telecomunicaciones avanzadas -que ofrezcan no sólo televisión, sino servicios interactivos, acceso a otras redes o conmutación de datos- corresponde a la Administración del Estado, que dispone de competencias exclusivas en la materia, según figura en la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones.

El ministerio dice que respeta las sentencias del Tribunal Constitucional que, al amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión, permiten la construcción y explotación de redes televisivas por cable en España en tanto no exista una legislación específica. Pero todos los demás servicios avanzados que pueden transmitirse por cable de tecnología avanzada deben esperar a que las Cortes aprueben la ley del cable: tal es la postura adoptada en el ministerio que ha redactado el proyecto de ley del cable.

Además, el ministerio considera que el desarrollo no regulado de las telecomunicaciones por cable afectaría de forma negativa a la consolidación de un sector de telecomunicaciones moderno que pretende ser competitivo en un entorno liberalizado, como va a ser el europeo a partir de 1998.

Más impugnaciones

Fuentes oficiales del ministerio de Obras Públicas señalaron que se impugnarán todos los concursos municipales de cable que se convoquen y que sobrepasen la simple explotación de la televisión, en línea con la decisión tomada respecto a Barcelona.Las mismas fuentes añadieron que, en el caso del ayuntamiento de Barcelona, Borrell ha adoptado una "decisión coherente con la postura que está defendiendo frente a CiU", en el sentido de que las telecomunicaciones son competencia del Estado.

En relación con esta impugnación, el ayuntamiento de Barcelona se mostró ayer enormemente cauto. Fuentes del consistorio barcelonés dijeron que no habían recibido oficialmente la impugnación y que, por tanto, no harían ningún tipo de comentario.