La policía investiga el desvío de un cheque a una agencia que trabajó para el PP

Un cheque bancario de la sociedad Túnel de Sóller, por valor de cinco millones de pesetas, ha sido detectado por la policía en la contabilidad de 1989 de la agencia de publicidad lzy de Palma de Mallorca. Esta empresa realiza de manera habitual campañas electorales del PP y de las institucionales regionales. lzy fue fundada por Ajejandro Bordoy, esposo de la eurodiputada del PP Francisca Bennasar, aunque actualmente es ajeno a la empresa.El actual propietario de Izy -que se declara al margen de este caso y de prácticas ilegales- negó a este diario que el pago respondiera a una factura del Partido Popular. Izy, sin embargo, no efectuó ninguna campaña de promoción del túnel. El PP de Baleares rechazó ayer cualquier relación con el cobro de comisiones. Este hecho lo relaciona la policía con el desvío de 50 millones de la citada empresa del túnel hacia personas y empresas no relacionadas comercialmente con la misma.

El adjudicatario del túnel Antonio Cuart está acusado judicialmente en un sumario abierto por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental, en una causa que instruye -bajo secreto sumarial prorrogado en tres ocasiones- el juez Pedro Barceló, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma. La firma del túnel quebró en 1994 con un pasivo de 3.200 millones y la sociedad pasó a ser controlada por el primer acreedor, Fomento de Construcciones y Contratas.

Perplejo y confundido

El abogado de Cuart, Juan Buades, reconoció ayer a este diario que su cliente "libró cheques a su antiguo socio, Camilo Pereira, fallecido cuatro años atrás, e ignora que destino final tuvieron los fondos. Los talones fueron permutados por cheques avalados por el banco. Cuart está perplejo y confundido completamente sobre las supuestas comisiones y niega que él pagara al PP". El financiero mallorquín está implicado en otro caso que se tramita en el juzgado de instrucción número 33 de Madrid, por la compra de una factura falsa de 131 millones a Hispanomericana de Promociones y Construcciones, incursa en un fraude de 4.000 millones. Cuart atribuye esta operación al fallecido Pereira, que fue vicepresidente de la firma y autor del proyecto del túnel, para evadir el pago de impuestos.

La trama de operaciones bancarias y empresariales que nació de la compañía del túnel el año posterior a la concesión ofrece indicios a los investigadores para abordar un presunto caso de pagos irregulares. Hasta nueve talones, cheques o parecidos instrumentos de pago -en 1989, de canalización bancaria y fiscal opaca- han sido ya, localizados y reclamados a la antigua Banca Abel Matutes (actual Banco Sarípaolo). Una oficina de esta entidad en Palma fue registrada por orden judicial y su antiguo delegado, Jorge Biarnés, fue advertido por el juez por no facilitar datos sobre los cheques y los clientes.