Todos intoxicados

Los gobernantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid convocan conferencias de prensa cada semana, emiten todo tipo de comunicados para dar a conocer sus actuaciones, y utilizan unos gabinetes de periodistas que se nutren del presupuesto público. Lo que suelen olvidar los políticos es que tanto aparato informativo debe tener como misión que los ciudadanos estén al tanto de los problemas que les afectan, y de cómo se resuelven; y no servir de simple instrumento de propaganda de quien gobierna.El pasado 10 de marzo de 1993, dos centenares de vecinos telefonearon al Ayuntamiento para averiguar por qué olía tan mal en su barrio. La Administración municipal no consideró pertinente utilizar sus ingentes sistemas de comunicación para responder a esa preocupación y advertirles una vez recabados los datos que se trataba de un vertido de 10.000 litros de ácido sulfúrico. La Agencia de Medio Ambiente, de la Comunidad de Madrid, no remendó el descosido.

Ayer, el alcalde José María Alvarez del Manzano y la concejal Esperanza Aguirre mostraron cómo las críticas que el Partido Popular tanto festeja cuando se dirigen -con justa frecuencia- a las filas socialistas son examinadas con criterios distintos si se oponen a su propia gestión. Así, el alcalde explicó ayer que es de mala fe traer a la actualidad un hecho ocurrido hace dos años -como si los casos de Segundo Marey, Filesa, Roldán o Lasa y Zabala se hubieran destapado al poco de ocurrir-; y la número dos municipal interpretó que la noticia responde a una filtración interesada de la Agencia del Medio Ambiente a este periódico (un descabellado intento de la edil por anular los hechos descalificando a una fuente inventada por ella; en una indiscreta maniobra -ya muy aburrida a fuer de insistente- de dar por verdad lo que no pasa de verosímil).

El PSOE se apuntó ayer a criticar al gobierno municipal por haber silenciado el vertido tóxico. Es legítimo hacerlo, pero los ciudadanos habrían agradecido que los concejales socialistas se hubieran enterado de los expedientes sancionadores que tramitó el equipo de gobierno contra Papelera Peninsular (y que reglamentariamente debíeron de obrar en su poder); o que sus compañeros de la Administración regional les hubieran contado lo ocurrido para que pudieran hacer certera oposición (a la vez que así se enterarían los alcaldes de los pueblos afectados). En este caso de los vertidos, el Ayuntamiento en pleno ha quedado en entredicho.