'Domingo de insurrección' en Galicia contra lo negociado

Todos, desde los representantes de las grandes armadoras hasta el marinero más novato, suponían un acuerdo semejante al alcanzado en Bruselas. La relativa sorpresa no restó capacidad de reacción ni contundencia. "Un tiro en la nuca al sector", definía el sindicato CIG el acuerdo, mientras Aetinape, que agrupa a capitanes y patrones, proponía incumplirlo. La Xunta de Galicia adelantó también una evaluación negativa. "El acuerdo es malo, pero es el acuerdo y nosotros sí respetamos las leyes. Lo importante es cómo se va a establecer él reparto en el futuro y que se haga sobre informes científicos y no lo que decida Canadá", según el consejero de Pesca, Juan Caamaño."Ha sido una bajada de pantalones con nocturnidad y alevosía. Es escandaloso que lo que el presidente del Gobierno y los ministros de Exteriores y Pesca decían ayer que era infumable nos lo quieran vender ahora como un éxito", indicaba Reinaldo Iglesias, uno de los gerentes de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que ha pasado la Semana Santa en la sede, atendiendo al teléfono y a los informadores.

"Vamos a luchar en los parlamentos y en las calles". El alcalde de Vigo, el socialista Carlos Príncipe, convocaba para hoy un pleno extraordinario y urgente con el fin de aprobar una declaración institucional atribuyendo el acuerdo "a la debilidad de la UE, que obedece a la traición que dos Estados miembros, Irlanda y Gran Bretaña, han cometido sumándose a una campaña injusta y xenófoba contra la flota pesquera gallega".

Las razones del rechazo frontal al acuerdo por parte del sector congelador son, en primer lugar, que se ha obtenido mediante medidas de fuerza y acciones ilegales por parte de Canadá y, además, insisten, porque el país norteamericano no retira la ley por la que se otorga el derecho a intervenir fuera de sus aguas jurisdiccionales, sino tan sólo el reglamento que la aplica. "Todo el conflicto ha sido diseñado, por Canadá para preparar la ampliación de sus aguas hasta las 400 millas, con la complicidad de algunos sectores de la UE empeñados en eliminar la flota industrial gallega, que en 10 años se ha reducido ya a más de la mitad", asegura Muñiz.

Los armadores estiman que el pacto supone para la flota canadiense un aumento, del 100% y para la española, una reducción del 80% de los puestos de trabajo y los barcos.