Cámara territorial especializada

Todos los presidentes autonómicos coinciden en la necesidad de que el Senado debe transformarse en Cámara territorial para especializarse en la legislación que afecte a las autonomías y resolver algunas importantes carencias del sistema parlamentario español.

Sus comparecencias hasta ahora han destacado, por ejemplo, la ausencia de un control parlamentario de las decisiones que adopta un organismo tan fundamental como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que acuerda nada menos que el reparto financiero de las comunidades autónomas. Sus acuerdos, adoptados en el Ministerio de Hacienda, ni siquiera aparecen en el Boletín Oficial del Estado.

Los convenios bilaterales concertados entre la Administración central y los gobiernos de las comunidades autónomas, así como los que deciden éstas entre sí, tampoco se someten al control parlamentario. Otra importante carencia pendiente de cubrir por la reforma es el sujeto para calificar las materias de contenido autonómico, susceptibles de ser abordadas en la Conferencia de Asuntos Europeos, el organismo -compartido entre la Administración central y las 17 autonomías- que regula las relaciones con la Unión Europea.

El acuerdo entre los presidentes se amplía a la necesidad de que sea el Senado, y no el Congreso, la Cámara que tenga la última palabra en aquellas materias que afectan a las autonomías. También contempla que el Senado no se disuelva, sino que se renueve en la medida que se celebran las elecciones autonómicas.

La opinión mayoritaria se muestra favorable a que los presidentes autonómicos no sean senadores, aunque disiente de este criterio el castellano-leonés, Juan José Lucas, del PP.