El Estado paga por las responsabilidades judiciales

El Estado, que somos todos, está obligado a pagar por los daños que los jueces y magistrados producen a los ciudadanos, pero a pesar de que legalmente está autorizado a repercutir las indemnizaciones contra los responsables de esos daños, no suele hacerlo. De ese modo, la Administración pública se hace económicamente cargo de retrasos, pasividades, ineficiencias y culpas ajenas, con lo que la actuación irregular de los miembros del Poder Judicial cuesta dinero a todos, menos a sus responsables.La ley orgánica del Poder Judicial establece, en el plano teórico, un cuadro de responsabilidades penales, civiles y disciplinarias muy amplio. En cuanto a las penales, es de esperar que la entrada en vigor de la ley del jurado facilite la depuración de responsabilidades por los delitos de estos funcionarios.

En cuanto a la responsabilidad patrimonial por error o anormal funcionamiento judicial, lo más importante es que los daños causados sean indemnizados al perjudicado. Pero es lógico también que el que la haga, la pague. La ley establece que el Estado responderá "de los daños que se produzcan por dolo [intencionalidad] o culpa grave de los jueces y magistrados, sin perjuicio del derecho que le asiste de repetir contra los mismos".

A diferencia de otros países, como Italia, en donde es normal que el Estado repercuta sobre el sueldo de un juez parte de la indemnización pagada, en España el Estado no suele utilizar ese derecho. Por su parte, los ciudadanos, una vez que obtienen, tras largos esfuerzos, una reparación económica, no insisten en, exigir a los jueces la responsabilidad civil a la que tienen derecho.

Los jueces y magistrados -como los médicos y otros profesionales que sirven al público- tienen conciencia de que su actuación puede desencadenar una responsabilidad patrimonial. De ahí que sea cada vez más frecuente que, tanto a nivel individual como asociativo, los jueces y magistrados suscriban pólizas de seguros. Los siniestros de los que tienen que hacerse cargo las compañías aseguradoras son tan escasos que les permiten hacer drásticas rebajas en las primas a pagar por los jueces y magistrados asegurados. Mientras tanto, paga papá Estado.