Más del 80% de las denuncias contra jueces obedecen a retrasos en la tramitación

Pocos días antes de la llegada de los inspectores del Poder Judicial a un juzgado, en las oficinas suele producirse cierto frenesí trabajo. Pasa, sobre todo, si el juzgado tiene demasiados asuntos pendientes. Sin embargo, la ventaja de conocer previamente la visita de la inspección no sirve cuando se trata de una importante acumulación de expedientes, diligencias o sentencias. Éstos son los casos que con mayor frecuencia llegan a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, de las 608 diligencias informativas abiertas en 1994, 496 de ellas obedecían a demoras en los asuntos. En los 15 años de vida del CGPJ, sólo un juez ha sido expulsado por acumulación de casos.

El caso del juez de Valencia Joaquín Navarro Fayos, que tiene pendientes de sentenciar 900 pleitos laborales, no es frecuente por lo elevado del número de asuntos retrasados. Sin embargo, tiene algunos aspectos en común con lo que ocurre en otros juzgados con disfunciones, ya sea por acumulación de sentencias o lentitud en la tramitación. "Antes de presentar quejas o denuncias, suele pasar bastante tiempo. Los abogados, e incluso la plantilla de funcionarios, conocen el problema; se comenta y se habla de ello, pero el escrito de queja llega más tarde", opina el presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro de la sala de gobierno, Gerard Thomas.Este es uno de los órganos a los que llegan las quejas formuladas contra jueces. Otras se remiten a los tribunales superiores de justicia, y otras, al propio CGPJ. Este último órgano de la judicatura es el que aglutina gran parte de las denuncias. "Pero hay muchas quejas que lo que plantean son cuestiones en las que no se puede entrar, porque son estrictamente jurisdiccionales y, en consecuencia, son archivadas", explicó una fuente conocedora del trabajo de la comisión de disciplina del CGPJ.

El año pasado, la citada comisión, presidida por Juan Antonio Zarzalejos, recibió un total de 1.435 quejas o denuncias. De ellas, 827 fueron archivadas. "Muchas, porque lo que se discutía era el criterio del juez, y eso sólo se puede rebatir o confirmar por la vía del recurso. Otras, porque son simples reclamaciones personales", explican fuentes del CGPJ. De las 608 diligencias informativas abiertas, 496 lo fueron por re traso, y las restantes 112, por diversos motivos, como falta de información. Todas están en curso. Las dilaciones son, con mucho, la principal materia de queja, y la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé diversos tipos de sanciones cuando se producen.

Una expulsión en 15 años

Pueden ser catalogadas desde falta leve que lleva consigo una amonestación o una multa de un máximo de 50.000 pesetas-, traslado forzoso, suspensión de funciones de hasta tres años y separación definitiva de la carrera. De esta última, por retrasos sólo se ha producido una expulsión en los 15 años de vida del CGPJ, la del ex juez José María Lizasoain, según fuentes del citado organismo. Pero han existido casos que empezaron por dilaciones y acabaron en cosas más graves, como es el del ex juez de Barcelona José Miquel López, condenado a dos años de suspensión por detener ilegalmente a una mujer.

En números, el año pasado fueron sancionados 17 jueces. En 1993, fueron 22, 9 en 1992 y 11 en 1991. La plantilla total de magistrados en España es de 3.200.

Antes de que las disfunciones lleguen en forma de queja o denuncia, son, los inspectores del CGPJ quienes, en teoría, deberían descubrir las irregularidades. De hecho, son los controladores.

Las inspecciones ordinarias se realizan de forma programada por el plazo de duración del mandato del CGPJ y abarcan a todas las oficinas judiciales. "Se trata de un chequeo general de cada oficina, desde número de asuntos pendientes, estado de los libros de registro y las cuentas explica el jefe de la inspección, Román García Varela. Las inspecciones ordinarias suelen realizarse en dos o tres días, y son conocidas por el Órgano a ispeccionar. "Lo que hacemos es un diagnóstico", cuenta García-Varela, En función de las necesidades o carencias de cada juzgado, se proponen medidas de refuerzo, como el envío de jueces en comisión. de servicio y de funcionarios.

Para la inspección del CGPJ, en España actualmente hay unos diez juzgados con más de cien sentencias por dictar. "Creo que el cálculo es un poco optimista. Tal vez en la jurisdicción penal se esté más al día, pero en civil hay acumulaciones crónicas", señala un magistrado que cree que el trabajo de la inspección ordinaria es insuficiente, porque se limita a un muestreo de expedientes: "Así es difícil descubrir graves problemas".