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El Gobierno retira su proyecto de incentivar al voluntariado

Las ONG creen que la labor altruista no debe ser recompensada

Gabriela Cañas

Los voluntarios no tendrán más facilidades para viajar en tren o lograr una beca. Su altruismo no se verá reflejado en sus currículos ni en préstamos más baratos. El innovador proyecto de Asuntos Sociales, que asimilaba nuestro sistema al que ya funciona en algunos países anglosajones, ha perdido en el camino sus más audaces artículos, y las organizaciones no gubernamentales aplauden la marcha atrás. Recompensar a los voluntarios por su labor altruista, dicen, es desvirtuar el principio fundamental de la gratuidad.

El anteproyecto del Ministerio de Asuntos Sociales ofrecía prioridades a los voluntarios qué iban desde la concesión de préstamos para la realización de estudios y, acceso a la vivienda hasta para ingresar en residencias públicas (Véase El, PAÍS del 5 de diciembre de 1994). El nuevo borrador ha eliminado todo aquello que se relacione con una compensación económica con la labor del voluntariado, un principio que rechazaban los sindicatos y, muy especialmente, la mayor parte de la Organizaciones No Gubernamentales. Su opinión al respecto ha sido decisiva en el cambio del proyecto."Nos parece bien que se incentive el voluntariado, pero nunca con una compensación de carácter pecuniario", dice Rosa Marta Lobo, directora de Voluntariado de Cruz Roja Española. Esta organización forma parte de la Plataforma para la Promoción del Voluntariado, que integra a 24 asociaciones y 300.000 voluntarios.

Casi todas las organizaciones consultadas se mostraron ayer favorables a mantener por encima de cualquier cosa la gratuidad del trabajo del voluntariado. "En general, preferimos los incentivos a las organizaciones para que mejoren, por ejemplo, la formación de sus voluntarios, pero no incentivos personales de carácter económico", dice Luis Arancibia, de la coordinadora de ONG, que agrupa a 82 asociaciones.

La opinión de éstas organizaciones ha calado en Asuntos Sociales, el ministerio que dirige Cristina Alberdi, donde se ha preferido apostar por una ley que regule y reconozca una labor que está en auge y evitar la posible acusación de crear una casta de ciudadanos privilegiados. El miedo a la picaresca ha movido también a los legisladores a echar marcha atrás.

"El problema de legislar es que luego es muy difícil volver atrás", dice Montse Pantoia, de Manos Unidas. "Nosotros defendemos la gratuidad en el más amplio sentido de la palabra y fijar incentivos acaba con ese principio. Es un poco peligroso".

Intermón fue ayer la única organización que se mostró en contra de la supresión de los incentivos. ¿Por qué las donaciones pueden desgravar fiscalmente y las aportaciones de tiempo libre y trabajo no?", decía ayer Ramón García, de Intermón. "En otros países se hace. Para los jóvenes, la labor de voluntariado les permite obtener compensaciones para optar a becas y seguir formándose y los mayores disfrutan de descuentos en viajes o bonificaciones fiscales. No me parece mal".

Para Sebastián Mora, de Cáritas, es absurdo comparar una cosa con otra y le parece intolerable que al voluntario se le gratifique ya sea económicamente o en especies.

Una labor no remunerada, pero si asegurada

Una de las novedades más importantes del anteproyecto de Ley de Voluntariado es que contempla la obligatoriedad de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suscriban siempre "una póliza de seguros que cubra a los voluntarios de los daños propios y los producidos a terceros En realidad, el proyecto va aún más lejos, afirmando que el voluntario tiene derecho a "realizar su actividad en condiciones y circunstancias similares a las legalmente contempladas para el personal asalariado, evitando cualquier riesgo especial para su salud".Esta medida es especialmente aplaudida por las ONG. "Nosotros atendemos fundamentalmente a inmigrantes y creemos que es fundamental", dice Octavi Quintana, de Médicos del Mundo. "Ser voluntario no significa ir de pringado. La ley establece también que las organizaciones afronten todos los gastos compensen al voluntario los que tengan que realizar.

Él proyecto establece que las organizaciones proporcionen a los voluntarios la formación necesaria y les otorguen certificados, aunque no se fije su utilidad.

La única prebenda que el anteproyecto ha conservado es que la actividad de voluntariado podrá surtir efectos en la prestación social sustitutoria, siempre que dicha actividad se realice después de lograr el reconocimiento como objetor de conciencia. En este punto no hay consenso con las ONG. "Nos parece, cuando menos, discutible", dice Cáritas.

Se mantiene la norma ya existente desde 1991 de que se podrá hacer la mili colaborando en una ONG cuando la autoridad militar lo disponga.

Sí hay consenso en la necesidad de la ley. Las ONG creen que será un elemento más para valorar la labor del voluntariado.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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