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CONFLICTO PESQUERO

Canadá devolverá la fianza del 'Estai' y cambiará su ley, pero Europa recortará la cuota de pesca

Xavier Vidal-Folch

Canadá y los Quince establecieron ayer las bases para un pacto en el conflicto pesquero. Ottawa se avino a devolver la fianza del Estai (47 millones de pesetas) y el importe del pescado retenido, así como a modificar su legislación interna. Europa se resignará a reducir sensiblemente su cuota, y aunque es menos de lo que pretendía Canadá, al final España sale perdiendo. Éstos son los precios que hay que pagar por recuperar la seguridad jurídica en los caladeros de Terranova y aumentar el conservacionismo. La negociación se ha impuesto, pero sus bases son aún frágiles y quedan muchos elementos de desacuerdo.

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El principal desacuerdo radica en la asignación de cuotas, aunque uno de los criterios ya es claro: la Unión Europea (UE) -en realidad, España y Portugal- reducirá la suya. El segundo es la multilateralización del acuerdo: "O hay pacto en todo o no lo hay en nada, y el acuerdo debe aprobarse en la NAFO [organización de países que pescan en el Atlántico Norte] por todos sus socios", sostiene la Comisión. Pero ahora Canadá negocia seriamente y ya hay bases para un acuerdo, coincidieron la Comisión y los embajadores en la reunión del Coreper (embajadores ante la UE) de ayer.Se avanzó en los tres capítulos: control, seguridad jurídica y reparto de cuotas. El control está casi acordado. Canadá había propuesto instalar un inspector a bordo de cada pesquero. Bruselas ofrecía establecer un control posicional vía satélite. Canadá respondía que convendría implantar ambos sistemas. Al final, la balanza se inclinaba por la inspección física. La inspección fisica es un sistema ya establecido por la UE, mediante un proyecto piloto por el cual un 20% de los barcos europeos llevan a bordo a un inspector comunitario (que embarca en el puerto de origen o en la zona, mediante un transborador UE, no desde Canadá). La solución sería extender este 20%, quizá a toda la flota. Los Quince se comprometerían a ello siempre y cuando Canadá también lo hiciera, así como Rusia, Corea y el resto de socios de la NAFO.

También se avanzó en el capítulo de la seguridad jurídica. La comisaria Emma Bonino exigía tanto la abrogación de la ley canadiense de 3 de marzo, por la que Ottawa se autootorgaba funciones policiales en la zona para los barcos con pabellón de complacencia; como del reglamento por el cual dicha medida se ampliaba a la flota europea: España y Portugal. No se había concretado la fórmula (abrogación de una o ambas normas, suspensión de sus efectos, plazos), pero los comunitarios consideraban que Canadá "ya se ha comprometido".

En cuanto a los flecos del Estai Canadá acepta "cancelar la garantía pagada por el armador y devolver el dinero producto de la venta del pescado [un tercio] retenido en Saint John", anunció el embajador español, Javier Elorza. Pero adicionalmente, España esgrimía la necesidad de que se le indemnizase por el lucro cesante, lo que parecía más difícil de conseguir.

En el tercer capítulo, las cuotas, las posiciones seguían enfrentadas. Apenas se discutía sobre el Total de Capturas Aceptadas (TAC), establecido para este año en 27.000 toneladas, salvo por el deseo europeo de que se aprueben por periodos más largos. Pero sí sobre su clave de reparto, cuota o porcentaje. La UE tenía una cuota del 69%, e históricamente, según los años, pescaba entre el 50% y el 62% del TAC, del cual un 70% era para España y un 30% para Portugal.

Contra la opinión de Bruselas -cuya objeción debía paralizar el acuerdo, según la regla de consenso del organismo-, Canadá propuso en la NAFO el pasado 1 de febrero rebajar la cuota europea al 12,59% y aumentar la propia al 60,37%. Para lograrlo atrajo los votos de los otros socios otorgándoles el resto (a Rusia, que nunca había pescado, le dio el 12,59%).

Canadá ha reequilibrado algo su propuesta, "pero aún es insuficiente", según fuentes comunitarias. Los europeos argumentan que la pretensión canadiense de aumentar la cuota propia se compagina mal con sus proclamas conservacionistas, que "enmascaran un puro interés económico". Y España propugna que las cuotas se fijen "con criterios objetivos, históricos, y no políticos", y que "la reducción del esfuerzo pesquero afecte a todos, Canadá incluida", dijo Elorza. El forcejeo de cifras hará perder a Europa -y por tanto a España- una buena parte de su cuota tradicional de capturas, pero rebajará las iniciales pretensiones canadienses, quedando en cualquier caso ambas partes por debajo del 40%. El problema es llegar a un acuerdo que luego se revalide en la NAFO.

Otro problema consistía en la pretensión canadiense de establecer un box o zona excluida, más allá de las 200 millas.

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