¿Acoso o intento de ligue?

Una parte importante de la plana mayor de Iniciativa per Cataluña se encontró ayer en los pasillos de un juzgado de Barcelona, reunida por una demanda de acoso sexual. Se veía el juicio contra Eloy Jurado, coordinador del Grupo Parlamentario de IC en Cataluña, a raíz de la demanda por acoso sexual presentada por Roser Álvarez Marín, que trabajaba como administrativa del grupo. El juicio, sin embargo, no llegó a realizarse: el juez aplazó la vista e instó a las partes a intentar Regar a un acuerdo.

Roser Álvarez está dispuesta a retirar la demanda si IC rescinde su contrato laboral y la indemniza por ello. Pero el demandado rechaza esta propuesta por considerar que aceptarla significaría reconocer, al menos en parte, que la demanda es justa.En los pasillos se encontraron el vicepresidente y diputado de Iniciativa, Joan Saura, las diputadas Inma Mayol y Magda Oranich, entre otros muchos cargos del grupo político. No todos, sin embargo, estaban del mismo bando.

Roser Álvarez se encuentra actualmente en situación de baja laboral por una "depresión motivada fundamentalmente por el acoso sexual al que estaba sometida en el trabajo y que podía llegar a tener graves consecuencias psíquicas", según consta en el parte médico que acompaña al escrito de la demanda judicial.

La empleada de IC presentó la demanda a principios de este año para poner fin, según afirma, a una situación insostenible que se había iniciado en el otoño de 1993.

Según explica en la demanda, un día de noviembre de ese año su superior jerárquico, Eloy Jurado, se ofreció para acompañarla a su domicilio: "En lugar de llevarme a mi casa, me llevó al rompeolas de Barcelona, sin hacer caso alguno de mi insistencia de no ir allí". Añade que Jurado insistió en mantener relaciones sexuales y que intentó abrazarla y besarla, a lo que ella se opuso firmemente.

Las proposiciones y los intentos de manoseo siguieron durante tiempo, según la versión de la empleada, lo que le hizo sentirse "acosada sexualmente".

A finales de enero de 1994, Jurado le advirtió que podía tener problemas en el trabajo. Ese fue el motivo, según afirma Roser Álvarez, por el que la cambiaron de destino, para realizar a partir de entonces un trabajo que ella definió como mecánico y sin ningún interés.

Investigación interna

Frente a la versión de la empleada, Eloy Jurado niega tajantemente que hubiera acoso sexual. Ante el conflicto, el grupo de Iniciativa optó por realizar una investigación interna. Las pesquisas permitieron concluir a los responsables de IC que la actuación de Jurado había sido "inadecuada y criticable". Sin embargo, su conducta fue calificada como "un intento de ligarse a la trabajadora".

Así estaban las cosas momentos antes de la hora fijada para el juicio. La defensa de Roser Álvarez guardaba, sin embargo, un as en la manga otra mujer que aguardaba en los pasillos para declarar.

La testigo asegura haberse encontrado en la misma situación que Roser Álvarez con Eloy Jurado hace unos cuantos años, cuando ella era empleada de la autoescuela en la que también trabajaba Jurado. Esta mujer decidió ponerse en contacto con los abogados de Roser Álvarez al leer en la prensa que había sido presentada la demanda por acoso sexual contra Jurado.

No era la única testigo que iba a apoyar a la empleada de IC: la activa feminista y diputada de Iniciativa, Magda Oranich, acudía también como testigo de la demandante.

Roser Álvarez afirmó que si cuando presentó la demanda la hubieran trasladado a la sede central, hubiera aceptado un acuerdo. Ahora, sin embargo, percibe hostilidad en una parte de los directivos de IC y prefiere rescindir la relación laboral y obtener una indemnización con la que afrontar la búsqueda de un nuevo trabajo.

"Me duele mucho tener que encontrarme en esta situación, porque he perdido amigos y porque ha acurrido con gente con la que tengo mucha afinidad ideológica", decía Álvarez.