Pinto Fontán se asoma por fin a Las Terrazas

Cuentan los amargados moradores de Las Terrazas de Aravaca que José Luis Pinto Fontán, de 54 años (el avezado promotor de frustrados proyectos inmobiliarios, como el de Nuevo Versalles, en Fuenlabrada), solía apelar a Dios para apaciguar las iras que provocaba en los vecinos la lentitud de las obras. "Está ahí arriba y nos ve...", gesticulaba, intentando convencerles de que los trapicheos que se le atribuían no pegaban con sus profundas convicciones religiosas.Pero los meses pasaban y la prometida culminación de las casas y de las zonas verdes de Las Terrazas seguía casi tan estancada como al principio, allá por 1991. Meses después, los vecinos decidieron acudir a los jueces. Hoy, 23 de marzo de 1995, todavía están indignados. "Cuando le veía comulgar en misa todos los domingos, me' daban ganas de sacarle de allí de los pelos", asegura una de las vecinas.

José Luis Pinto Fontán cambió de apellido tiempo después de desaparecer en los años setenta tras dejar empantanado y lleno de deudas su proyecto lilegal de Nuevo Versalles. Y -ya como Gómez-Pinto, según su nuevo carné de identidad- promovió, a principios de los noventa, las 450 casas de Las Terrazas de Aravaca. Los dos bancos que le concedieron ingentes créditos -La Caixa y Cajamadrid- no repararon en que se trataba del mismo constructor al que en su día se dio por insolvente (y pese a lo cual ha residido durante estos años en una mansión de Somosaguas; por supuesto, a nombre de una empresa). En esa lujosa casa le encontró este periódico en junio de 1991, cuando intentaba reconstruir la historia de Nuevo Versalles, el frustrado barrio que salió del olvido al ser demolidas -una vez superados toldos los inconvenientes burocráticos- las estructuras de aquella urbanización. Si de Nuevo Versalles, con un reguero de deudas, salió indemne de la justicia, todo indica que la suerte de Pinto Fontán le ha abandonado en Las Terrazas.

Hoy en día sólo unas 50 viviendas están habitables en esta nueva promoción. Allí sólo se atisba desolación: esqueletos de bloques cercanos a, la ruina, edificios de oficinas vacíos, materiales de obra amontonados y oxidados alrededores... Sólo dos de los 11 proyectados, tienen vida. En ellos residen unas 25 familias (la mayoría, bastante acomodadas) que aguardan a un Godót incierto.

Y allá donde haya desolación y sufrimiento están los subasteros. Dos de los más expertos amañadores de pujas que circulan diariamente por los Juzgados de la Plaza de Castilla rebañando con malas artes las casas que les embargan a otros por impago de la hipoteca han conseguido meter la cabeza en Las Terrazas: tan revueltas se hallan las aguas en esta urbanización -por culpa de los supuestos manejos y estafas de Pinto Fontán- que algunas entidades. bancarias están ejecutando hipotecas por impago. "Los subasteros se han quedado tres pisos por la mitad de su precio real; y uno de ellos está habitado incluso", se quejan, impotentes y asombrados, vecinos de Las Terrazas.

Tras una compleja investiga ción que ocupa 2.600 folios, el Juez parece haber desenmascarado por fin a Pinto Fontán (quien se ha negado en innumerables ocasiones a hablar con EL PAÍS). Desde que dejó en la estacada a miles de humildes familias que aspiraban a una casa en los 21 edificios ilegales proyectados en la urbanización Nuevo Versalles en Fuenlabrada, Pinto Fontán apenas tiene nada a su nombre. Pero a juzgar por una re por ningún sitio el nombre de Pinto Fontán. Pero en esta ocasión, cuando el juez se hizo cargo del asunto, uno de sus testaferros ciente resolución judicial, todo indica que Pinto Fontán, algunos de sus omnipresentes testaferros y vanos empleados de La Caixa pueden sentarse dentro de unos meses en el banquillo de los acusados por delitos de estafa y falsedad en relación con Las Terrazas. El juez ya ha remitido su auto inculpador a las partes per sonadas en las diligencias.

En los papeles de Aravaca Somosaguas, SA, la empresa que promovió Las Terrazas -urbanización ideada para 450 viviendas de lujo con un coste que oscíla entre los 40 y los 100 millones de pesetas cada una-, no figura le delató como el auténtico artífi ce de Las Terrazas. En un auto que tiene fecha del pasado 28 de febrero, el juez llega a la siguiente conclusión: "El[ auténtico dueño de la empresa [Aravaca Somosaguas], la persona que aporta el dinero, quien decide todos los términos de la negociación con La Caixa [la entidad que financió parte de la operación inmobiliaria]; quien, en suma, tenía la última palabra, a quien todos se remiten y para quien todos actúan como testaferros es José Luis Gómez Pinto Fontán".El meollo de] asuntoLa presunta estafa parte de los siguientes hechos,La sociedad Aravaca Somosaguas -y en su nombre Pinto Fontán- se reunió en su día con los vecinos y les dijo que las viviendas les serían entregadas en junio de 1991.No cumplió con su palabra. Ante el evidente retraso de las obras -y, por tanto, de los plazos de pago al banco-, Francisco Casals Ribes, miembro del comité de riesgos de La Caixa y entonces director regional de esta entidad en Madrid, convino con Pinto Fontán modificar las condiciones del préstamo hipotecario en el que debían subrogarse los compradores de las casas (es decir, los compradores pagan la hipoteca suscrita por el promotor, como ocurre habitualmente, una vez que ocupan la vivienda). Esa modificación, según explica el juez en el citado auto, "se hizo a espaldas de los compradores ", a pesar de que estaba estipulado que cualquier variación debía contar con su aquiescencia. Sobre todo si ello -como es el caso- implicaba un mayor coste económico.Es entonces cuando Juan Mínguez Gómez, arquitecto director de la obra y presidente oficial de Aravaca Somosaguas; Carlos García Yanes, aparejador y administrador de esa sociedad, y Carlos Pinilla Utrilla, arquitecto de la sociedad de tasación designada por La Caixa, "emiten, con fecha 1 de abril de 1991, falsas certificaciones" dejando entrever que las obras ya habían concluido (y, por tanto, los compradores pasaban a pagar el préstamo). Pero las casas seguían inconclusas. De hecho, hasta el otoño de 1992 no se empezaron a habitar algunos bloques.

Con estas "falsas certificaciones" se pretendía desbloquear la entrega de los 164 millones que La Caixa se había comprometido a prestar a Pinto Fontán una vez terminadas las obras. Nunca antes. Pero como corría el tiempo y tampoco había dinero para acabarlas, La Caixa accedió a entregar anticipadamente esa suma. Se acababa así la auténtica garantía" que tenían los compradores, según el juez, para ver terminadas sus casas (pues Pinto Fontán ya no necesitaba acabarlas para obtener el dinero).

El juez imputa falsedad en documentos y estafa a 11 personas, unas como cooperadoras y a otras como autoras. Entre ellas, a varios directivos de La Caixa, a Pinto Fontán y a varios de sus hombres de paja. Según el magistrado, en la modificación unilateral del préstamo hipotecario intervinieron, por parte de La Caixa, Lisardo. Romero López, Jesús Fernández Arribas, Delfin Arbizu de Brito y Manuel Velázquez Lorenzo; y por parte de Aravaca Somosaguas, Antonio Díaz Jara, Celso Pastor Gaitero y Carlos García Yanes, este último asiduo compañero de viaje de Pinto Fontán como testaferro (persona interpuesta para ocultar al verdadero gestor) en muchos de sus frustrados proyectos.Escrito judicialEl juez relata en su escrito: "A pesar de la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario, a espaldas de los compradores, las obras no se terminan. Y hacia junio de 1992 se citó ante un notario de Madrid a algunos de los compradores. para elevar a escritura pública los contratos privados de compraventa. Al llegar al despacho notarial, [los compradores] se encuentran con la desagradable sorpresa", agrega el magistrado, "de que Aravaca Somosaguas, SA, se niega a firmar las escrituras si [éstos] no abonan importes relativos a intereses de preamortización pendientes de pagar por parte de Aravaca a La Caixa. Esos intereses, según los contratos de compraventa, debía pagarlos la constructora". Las cantidades de intereses qué les exigían oscilaban entre 600.000 y cerca de tres millones de pesetas, dependiendo de la dimensión de la vivienda. Algunos vecinos, por miedo a perder sus casas, accedieron a pagar; otros se negaron. "La cuerda" se rompió por el lado más débil, destaca el juez.

El magistrado entiende que se ha cometido una estafa: "Al haber obtenido los sujetos activos [Pinto Fontán y compañía] ventaja, provecho, utilidad o beneficio derivado de haber conseguido fuertes cantidades de dinero, en algunos casos a cambio de nada". Y añade: "La Caixa se reservó un 20% del préstamo - 164 millones- para ser entregado [a la promotoral al finalizar la obra, una vez vendidos los pisos y con autorización [expresa] de los compradores. Confiados en tal garantía,los compradores accedieron a ir abonando a cuenta, a una entidad desconocida [Aravaca Somosaguas] sin el respaldo de escrituras públicas pero con el respaldo de La Caixa. Cuando La Caixa conoce perfectamente que se han ido vendiendo pisos y que la obra va mal, conviene [con Pinto Fontán] cambiar las condiciones del préstamo (...) El perjuicio para los compradores es evidente. Es costumbre inveterada de muchas inmobiliarias y entidades financieras hacer valer su posición privilegiada sobre el modesto consumidor", remata el juez.