El conflicto sigue

EL REGRESO a casa del Estai, tras el pago de una fianza de 47 millones de pesetas a sus captores canadienses, ha servido, al menos, para desactivar en su vertiente humana el grave conflicto desencadenado por Canadá con la ilegal captura del congelador español mientas faenaba en aguas internacionales del Atlántico Norte. Pero Canadá se ha salido con la suya imponiendo a la Unión Europea (UE) una política de hechos consumados que ésta ha condenado en el terreno de los principios, pero que no ha sabido, podido o querido combatir con eficacia en la práctica. Dada la importancia de la pesca para la economía española, se echa de menos una actitud más resuelta de la UE en defensa de los pescadores. La sociedad española no podrá sustraerse a la impresión de que, ante un ataque similar, sectores clave de las economías de otros países miembros hubieran encontrado un abogado mucho más resuelto en Bruselas. Sería lamentable que, ignorando este hecho, la propia UE provoque sentimientos antieuropeístas en España que hasta hoy monopolizan cuatro demagogos.A partir de la imposición canadiense es ridículo considerar como un triunfo de la UE que Canadá se haya avenido a negociar en el seno de la organización competente para la regulación de la pesca en el Atlántico Noroeste, la NAFO, en la reunión convocada para los días 22 y 24 en Bruselas. Esa negociación nace viciada por un acto de fuerza. Y éste condiciona gravemente sus resultados. Canadá acude a ella en una posición de ventaja, bajo la amenaza implícita de volver a apresar barcos si la LJE no acepta sus puntos de vista (ampliación de su zona económica exclusiva hasta las 350 millas, reducción de flotas y cuotas distintas a las suyas, etcétera). Si consigue su propósito se habrá dado amparo internacional a una iniciativa que todo el mundo ha juzgado ilegal.

Sólo mirando hacia otro lado puede desconocerse que la mayor parte de los bancos pesqueros del mundo están siendo sobreexplotados. Un reciente informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) cifra en el 70% de los caladeros conocidos los que están en periodo de irreversible liquidación. Ello significa que los caladeros de fletán negro situados en la zona que reivindica unilateralmente para sí Canadá no son una excepción. Pero es un sarcasmo que ese país invoque el riesgo de extinción al tiempo que pretende aumentar de manera tan unilateral como desproporcionada su- propia cuota de capturas (desde el 12% al 60% del total). Nadie se puede creer, por tanto, el discurso conservacionista de Canadá, que, habiendo esquilmado ya sus propias aguas territoriales, intenta erigirse ahora por la fuerza en guardián del Atlántico. Los hechos demuestran que su objetivo real es simplemente expulsar de esos caladeros a las flotas pesqueras de la UE, que son la española y la portuguesa.

Tras el incidente del Esta¡ nada será igual en el campo del derecho marítimo internacional. La ilegalidad de la iniciativa canadiense ha hecho emerger el problema de fondo: la necesidad de articular cuanto antes una nueva concertación internacional sobre la gestión de los recursos marinos. Es evidente la inadecuación de los mecanismos de protección existentes para evitar la sobreexplotación pesquera. El punto débil de la posición española ha sido el carácter ilegal si se confirma, como parece, la acusación canadiense- de las redes empleadas. Que el barco faenase en aguas internacionales no elimina esa ilegalidad.

Los peces son cada vez menos en unos mares abiertos a las flotas de cada vez más países. Por eso los acuerdos sólo serán eficaces si comprometen a todos. Las nuevas reglas deberán ser consensuadas. Ningún país puede tener capacidad para imponer unilateralmente las suyas en un terreno en el que, al margen de los fuertes intereses comerciales en juego, se mezclan conceptos tan explosivos como el de soberanía y el de la libre circulación por los mares. Si actos ilegales como el cometido por Canadá acaban otorgando ventajas reconocidas por las otras partes, estamos en el mal camino.