El estiércol de 8 millones de cerdos provoca la caída del Gobierno de Flandes
El escándalo del caso Agusta, que se centra en el Partido Socialista flamenco (SP), miembro de la coalición cuatripartita en el poder, encabezada por Jean-Luc Dehaene, sigue aparentemente sin afectar la gobernabilidad del país. A pesar de esta estabilidad del Gobierno central el Ejecutivo de la región flamenca -formado por el SP, los democristianos (CVP) y los nacionalistas Volksunie (VU)- cayó ayer. Y no precisamente por corrupción sino por el problema ambiental que plantea el estiércol que producen los cerdos de la región.Flandes, con una población de más de 5,8 millones de habitantes, es la principal región belga en la cría de cerdos. El estiércol que producen los ocho millones de cochinos de esta comunidad autónoma plantea a juicio de las autoridades regionales un problema medioambiental importante. Para resolverlo, el ejecutivo autónomo elaboró una norma que regula y limita el uso como abono del estiércol.
El proyecto fue elaborado en 1991 por el ministro socialista Norbert De Batselier y se ha topado desde entonces con la oposición de los democristianos flamencos, que tienen en los agricultores una base importante de su electorado: entre el 30% y 40%. Sin embargo, la actividad agrícola sólo concierne al 2% de la población activa.
Los tres partidos que forman el ejecutivo constataron su división sobre el tema y provocaron, en la noche del miércoles, la caída del Gobierno.
En 1993, De Batselier ya amenazó con dimitir si los democristianos no apoyaban su proyecto. Este ministro regional del Medio Ambiente pretende controlar los daños causados por el estiércol en las capas freáticas. Se trata, según los socialistas, de preservar "una agua potable pura".
Quiebra de miles de granjas
El todopoderoso sindicato agrícola Boerendond anunció que, de aprobarse la citada norma, la quiebra de las miles de pequeñas granjas dedicadas a la cría de los cerdos. Como consecuencia de la presión del mundo rural flamenco los democristianos han retrasado hasta ahora la aprobación proponiendo innumerables enmiendas.
El pasado diciembre los tres partidos llegaron a un acuerdo, que sólo requería el visto bueno del Consejo de Estado. El dictamen del Consejo pedía algunas. modificaciones de la legislación calificadas de mínimas por el SP. Pero no así por el CVP, que considera que hay que replantear la totalidad del proyecto.
Para el CVP, la proximidad de las elecciones y la falta de serenidad de los partidos impiden modificar el texto antes del 21 de mayo. Ante este rechazo el SP y la VU optaron por "suspender los trabajos del Gobierno [regional]".
