La Xunta acusa a los canadienses de cometer un "acto de guerra"

La indignación se desató en Galicia nada más conocerse el apresamiento del buque Estai y las expresiones de condena alcanzaron términos durísimos. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, lo consideró una "agresión en toda regla a España y a la propia Unión Europea", mientras su consejero de Pesca, Juan Caamaño, se refirió al incidente como un "acto de guerra" y la patronal acusaba a Canadá de practicar el "terrorismo de, Estado".Fraga leyó una declaración oficial de su Gobierno en la que insta al Ejecutivo centrala que envíe más patrulleras de la Armada a la zona y a la UE a que sancione económicamente a Canadá. "Es un hecho sin precedentes por poner en peligro la vida de unos marineros que lo único que hacían era pescar legalmente ", denunció Fraga, quien también pidió indemnizaciones para la tripulación apresada, una solicitud a la que se sumaron todos los grupos políticos del Parlamento autonómico en una declaración conjunta. Los sindicatos volvieron a reclamar de la UE el boicoteo comercial a Canadá.

En Madrid, la ponencia del Congreso que estudia la situación del sector pesquero expresó su "profundo rechazo por el apresamiento". La protesta, remitida a la Cámara baja desde Roma donde los diputados asisten a una reunión de la FAO, exige también la inmediata liberación del buque y solicita al Gobierno español que realice las gestiones oportunas para asegurar esa liberación.

El portavoz de pesca del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Arsenio Fernández de Mesa, acusó al Gobierno de haber actuado con lentitud y negligencia a la hora de abordar los problemas en el caladero de aguas NAFO con Canadá. Para los populares, la situación de la flota española en aquellas aguas es algo que se presentía desde hace ya algunas semanas, justamente a raíz del reparto de las cuotas. Creen que hubiera sido necesario que la Administración española hubiera posicionado en aquella zona los medios para una vigilancia y una protección suficientes, informa Vidal Maté.

Para los representantes populares, la Administración española se debería preparar igualmente en este momento ante la posibilidad de que las autoridades canadienses lancen acusaciones sobre la existencia de pescados ilegales en el barco capturado.