El papel de las ONG

¿Cuál es el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) latinoamericanas en el desarrollo social y en la lucha contra la pobreza? Hace quince o veinte años, esta pregunta era ajena a las preocupaciones de los Gobiernos, y pocas ONG la habrían planteado. Sin embargo, en la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague, Gobiernos y ONG tienen esta cuestión en un lugar destacado de sus trabajos. Son pocos los Gobiernos que no reconocen que estas organizaciones son un actor clave en la lucha contra la pobreza; y las ONG son conscientes de los espacios ganados y de la credibilidad de su acción. El crecimiento explosivo de su número y el aumento de su influencia social explican en gran medida este cambio de visión. Durante los años ochenta, la crisis económica, los programas de ajuste estructural y los conflictos armados provocaron el aumento de la pobreza y las demandas sociales, y al tiempo debilitaron la capacidad del Estado par a enfrentarlas, al aplicarse políticas de austeridad y drásticos recortes del gasto social. La retirada del Estado abrió espacios nuevos para la promoción social, que las ONG tuvieron que ocupar. Por otra parte, las transiciones democráticas hicieron posible procesos de organización y participación de la sociedad civil antes vedados. Las ONG de países industrializados los facilitaron prestando apoyo financiero.¿Cuál ha sido el resultado? Según la Fundación Interamericana, existen en Latinoamérica más de 11.000 organizaciones de promoción y desarrollo, la mayor parte de las cuales surgió en los años ochenta. Pero lo importante no es sólo la magnitud del fenómeno. El impacto de la acción de las ONG en la lucha contra la pobreza es difícil de estimar, pero existe consenso en señalar que no es un fenómeno marginal. En muchos casos, las ONG han actuado con mayor agilidad, eficacia y eficiencia que las maquinarias burocráticas de los Gobiernos. Además, su vinculación a los sectores populares les ha permitido conocer mejor sus necesidades reales y diseñar programas más efectivos e innovadores.

Los Gobiernos latinoamericanos y las agencias de cooperación han empezado a valorar estas cualidades, y consideran hoy a las ONG como el agente más idóneo para la ejecución de los programas contra la pobreza. La actitud de las ONG hacia los Gobiernos también ha cambiado, al quedar atrás los regímenes autoritarios y las dictaduras militares. Se plantea así un nuevo marco de relación entre el Estado y la iniciativa social, en el que es ineludible plantear cuál es el espacio de acción y las funciones de cada actor. En este reacomodo de funciones, existe el riesgo de considerar a las ONG como una alternativa de bajo coste de la política social del Estado. En diversos países de la región se desmantelan las políticas sociales de cobertura universal y se considera al mercado como el proveedor esencial de servicios sociales. La acción estatal se reduce a la mínima expresión, a través de proyectos focalizados hacia los más pobres. A menudo, éstos no son sino una simple compensación de corto plazo de los costes sociales del ajuste estructural, y su ejecución se encomienda a las ONG. De esta forma, el apoyo estatal a las ONG sería funcional a la privatización de los servicios sociales y a la tesis neoliberal del "Estado mínimo". Muchas ONG, sin embargo, rechazan este limitado papel, y cuestionan la capacidad del propio modelo neoliberal para acabar con la pobreza. La experiencia reciente muestra que las causas del empobrecimiento están en la lógica misma del modelo, y en este contexto la acción de las ONG podrá ser, a lo sumo, un simple paliativo. La gran enseñanza de la década es que el desarrollo social no depende tanto del quehacer de las ONG o de las políticas sociales, como de la propia política macroeconómica. Por ello, no puede haber reducción de la pobreza dentro del modelo neoliberal. Acabar con la pobreza exige que el Estado asuma la responsabilidad de aplicar las macropolíticas necesarias para garantizar la cohesión social y el acceso equitativo al empleo, la salud y la educación, y para evitar la desorbitada polarización de muchas sociedades latinoamericanas.

¿Cuál es entonces el papel de las ONG? Estas no pueden ni deben suplantar al Estado en su responsabilidad social; pueden complementarlo y, sobre todo, acompañar a los sectores populares y a los grupos pobres de la población, reforzando su capacidad de influir en las políticas públicas para que éstas respondan a sus necesidades e intereses. Deben también promover la participación de otros actores: sindicatos, empresarios, iglesias, universidades, municipios, articulando coaliciones con la suficiente masa crítica para lograr la aplicación de políticas que reduzcan la pobreza. Esta tarea es mucho más compleja que la simple ejecución de microproyectos aislados, pero, al abordarla, las ONG latinoamericanas muestran que han alcanzado su mayoría de edad.