La reforma del Estado
Las cifras macroeconómicas de América Latina revelan que la región habría superado los momentos más duros de la crisis de los años ochenta. En general prevalece un panorama de estabilidad económica, después de agudos procesos inflacionarios, y por tercer año consecutivo la economía ha crecido por encima del crecimiento de la población. La crisis mexicana levanta legítimas preocupaciones, pero no contradice el fondo de esas tendencias. Esas señales para el optimismo no deben, sin embargo, conducir a la irresponsabilidad de ignorar lo problemas que subsisten y que, en algunos casos, se han agravado. La tasa promedio anual de crecimiento, del orden del 3,5%, es aún muy baja y está muy desigualmente distribuida entre los países y al interior de los mismos.Pero no basta con crecer más aceleradamente. Durante todo el presente siglo y hasta antes de la crisis de los ochenta, la región tuvo uno de los procesos de expansión económica más acelerados del mundo, y, no obstante, continuó produciendo pobres de manera infamante. La diferencia es que ahora la situación es peor, pues América Latina tiene más pobres, en términos absolutos y como porcentaje de la población, que antes de la crisis.
La primera gran conclusión a la cual han venido arribando los gobiernos de la región es que las reformas económicas liberales, que han abierto las economías a la competencia internacional y han dado al mercado una mayor importancia en la asignación de los recursos, si bien son una condición indispensable para el crecimiento económico, no bastan por sí mismas para superar la pobreza. Es más, y así lo demuestra la experiencia de los países desarrollados, el mismo proceso de crecimiento económico no puede sostenerse excluyendo a gran parte de la población de la producción y el consumo.
En este mundo de fin de siglo, para crecer no basta la abundancia de mano de obra y de recursos naturales. A diferencia del pasado, el crecimiento descansa fundamentalmente en el capital humano, en la habilidad y destreza de la población. Si invertir en la gente -educación, salud, recreación, paz- es la clave del progreso, hay ahora una relación positiva entre equidad y eficiencia económica que es la clave de la lucha contra la pobreza. Erradicar la pobreza es no solamente una exigencia ética y política, sino también una exigencia de la eficiencia económica. Aquí descansa la renovada esperanza de curar esa lacerante herida de América Latina.
Pero ello no ocurrirá espontáneamente. El mercado, siendo el mejor sistema en cuanto a la asignación de recursos y para promover la eficiencia, no produce por sí solo competencia y equidad. El Estado tiene, por tanto, un papel insustituible en promover la competencia y la equidad, que es la esencia de la legitimidad del sistema democrático. Se plantea, por tanto, con la misma urgencia que las reformas económicas, la reforma del Estado.
Hay en América Latina una buena oportunidad para abordar la reforma del Estado con una perspectiva que supere los problemas del pasado y proporcione a los esfuerzos de desarrollo económico un enfoque de integralidad y coherencia, de la cual han carecido. Por primera vez en todo este siglo, la región ya . no se debate entre paradigmas ideológicos recíprocamente excluyentes. Este hecho arroja una primera y relevante conclusión para abordar la reforma del Estado: ya no se mira al Estado ni como la causa de todos los problemas, ni como la fuente de todas las soluciones. El Estado es parte del problema y parte de la solución.
La segunda gran conclusión es que sin rehacer su capacidad fiscal es imposible que el Estado pueda cumplir un papel relevante en la compensación de los desequilibrios socioeconómicos. Se requiere un mínimo de gasto público social por debajo del cual es imposible revertir la tendencia a la mayor pobreza. Así la sanidad fiscal se presenta, también por primera vez, como un punto de encuentro entre quienes antes discutíamos la política económica desde posiciones irreconciliables. Existe un amplio consenso en que la inflación es el mayor enemigo del crecimiento y la equidad, y que sin capacidad fiscal no podrá el Estado abordar los gastos de educación y salud que son la premisa de la erradicación de la pobreza y del desarrollo económico.
Finalmente, se trata de hacer mejor las cosas. No basta que el Estado gaste, más en los sectores sociales, sino que gaste mejor. Aquí emerge ese gran actor que permaneció oculto u oprimido durante décadas de autoritarismo: la sociedad civil. La reforma del Estado requiere de una profunda redefinición de sus relaciones con la sociedad civil. Éste es un proceso complejo, que entrega a las empresas responsabilidades productivas que antes tenía el Estado, pero que también potencia a los municipios, las ONG, los sindicatos, los partidos políticos; ese sinnúmero de organizaciones a través de las cuales la ciudadanía se ensancha y profundiza.
Una reforma que democratice el Estado, por un lado, y un proceso de fortalecimiento - de la sociedad civil, por otro, son procesos recíprocos y complementarios. Si se acepta que el fundamento de la ciudadanía está constituido por la existencia de efectivas oportunidades económicas y libertades democráticas para todos los ciudadanos, el proceso de fortalecimiento de la sociedad civil pasa necesariamente por la erradicación de la pobreza y la consolidación de las instituciones democráticas.
