La vuelta a casa

La localización, la detención y la entrega a la justicia de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, no sólo constituye un éxito para el Ministerio de Justicia e Interior; también es un rotundo desmentido a las estúpidas o malévolas teorías según las cuales el Gobierno de Felipe González, o bien no estaba interesado en capturar al prófugo, o bien albergaba el propósito de hacerle desaparecer para siempre. La cortesía aconsejaría que los dirigentes políticos y los comunicadores sociales obstinados durante meses en lanzar esos descabellados pronósticos presentasen disculpas a sus votantes, lectores y oyentes; desgraciadamente esos usos cívicos no parecen haber calado todavía en nuestra vida pública. Si el impune enriquecimiento y la posterior fuga de Roldán arrojaron justificadas sospechas sobre la autenticidad del sistema democrático y la salud del Estado de Derecho, el escoltado regreso a casa del prófugo debería servir para devolver a los españoles parte de la confianza perdida en las instituciones.A partir de ahora, corresponde a los tribunales el esclarecimiento de las responsabilidades penales del ex director general de la Guardia Civil. La tarea sería difícil si la juez Ferrer fuese objeto de los mismos ataques a su persona y a su independencia de los que ha sido víctima el juez Garzón. Pero aunque la provocadora estrategia de obstaculización aplicada por Vera y Sancristóbal para retrasar o anular las actuaciones procesales de su caso no operase en el sumario de Roldán, cabe apuntar, sin embargo, la posibilidad de que el prófugo imite a esos internos en Alcalá-Meco a la hora de intoxicar a la opinión pública con un incesante goteo de informaciones comprometedoras sobre operaciones especiales relacionadas con la seguridad del Estado y con el uso irregular de fondos reservados.

Así pues, tal vez haya que prepararse a soportar los devastadores efectos de la eventual redistribución de la vileza con que el prófugo Roldán decida castigar a la sociedad española. Todo hace suponer que los altos cargos de Interior actualmente en apuros anotaron durante todos estos años con escrupuloso cuidado las cantidades, las fechas, los destinos y los nombres de los receptores de los fondos reservados; con tales naipes en la bocamanga, estos jugadores de ventaja se disponen ahora a activar los datos dormidos para chantajear a terceros. Así, la opinión pública acaba de ser informada por cauces misteriosos, siete años después de ocurridos los hechos, de que el Ministerio del Interior entregó a Fraga fondos reservados para reparar los daños causados a su casa de Perbes por un atentado terrorista realizado en mayo de 1988. No se conoce todavía el monto de la subvención (en torno a 25 millones), ni su justificación documental (el inventario y avalúo de los desperfectos), ni la forma de entrega (en métálico, transferencia bancaria, cheque nominativo), ni sus implicaciones fiscales, ni sus consecuencia para la compañía de seguros; Fraga tampoco sabe si el renglón utilizado por Interior fueron los fondos reservados o una partida general para daños materiales producidos por atentados terroristas. En cualquier caso, es fácil adivinar el objetivo de esa filtración: se trata de una salva de aviso lanzada contra el PP por los amigos de Vera para que le dejen tranquilo.

El ex ministro Barrionuevo compareció como avalista de Fraga para encomiar la caballerosidad del presidente-fundador del PP beneficiario de la millonaria ayuda. Pero los suministradores de fondos reservados, lejos de estar siempre en condiciones de avalar a los receptores de las entregas, a veces pueden necesitar ellos mismos un aval. Porque, al igual que la policía induce en ocasiones al delito para detener después a los provocados infractores, algunos administradores de gastos reservados parecen haberlos utilizado para comprometer a sus beneficiarios: el regreso a casa de Roldán permitirá saber hasta qué punto su estrategia defensiva descansará o no sobre ese chantaje.