Ayuda a alto precio

MÉXICO TENDRÁ qué pagar un alto precio por los 20.000 millones de dólares que se comprometió a prestarle Estados Unidos dentro del paquete internacional de ayuda de 50.000 millones. Tras seis días de intensas negociaciones, ambos países han logrado por fin ponerse de acuerdo sobre las condiciones para transferir este dinero, necesitado con urgencia por México para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas.La disponibilidad de este crédito puede actuar como bálsamo ahora, pero cabría preguntarse si el Gobierno de Ernesto Zedillo, debilitado ya por el conflicto de Chiapas, aguantará el coste político de las condiciones impuestas por Washington. La Administración de Clinton exige a México un férreo control de la masa monetaria y el pago a través de la Reserva, Federal de Nueva York del petróleo mexicano que compren las compañías extranjeras. Además, Washington ha pedido a México que siga adelante con las reformas' estructurales y las privatizaciones, especialmente de la banca.

Unas condiciones draconianas que Zedillo tendrá dificultades para vender en casa. De un lado, la restricción del dinero en circulación para contener la inflación provoco que el Banco de México subiera los tipos de interés al 50%. Este encarecimiento del dinero tendrá a corto plazo efectos demoledores, sobre multitud de empresas. Además de contraer el crédito a las compañías exportadoras que más. se podrían beneficiar del 40% de devaluación del peso, los bancos verán disparado su índice de morosidad, con la posible quiebra de alguno de ellos. A ello hay que sumar el coste político que puede tener la cesión de los ingresos por petróleo, aunque sólo sea a título de aval. Que Estados Unidos controle indirectamente una de las principales riquezas del país resulta un precio muy caro a pagar en términos de soberanía.

Washington debe ser consciente de que las exigencias impuestas a su país vecino pueden tener una acogida social muy negativa que favorecerá poco el clima de estabilidad que necesita el país para recuperar la confianza de los inversores y sacar adelante su economía, pero la decisión de Clinton de puentear al Congreso para aprobar la ayuda no dejaba más salida a los negociadores estadounidenses que atar bien las garantías del crédito. Siendo bastante excepcional que el presidente se salte el veredicto del Congreso en un préstamo de un importe tan elevado, la Administración de Clinton quiere estar segura de que el dinero del contribuyente ahora en juego por decisión propia no cae en saco roto.