Helms impulsa una nueva ley de bloqueo para asfixiar al régimen de Fidel Castro

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Jesse Helms, presentó ayer una nueva ley de bloqueo a Cuba, destinada fundamentalmente a impedir cualquier tipo de comercio de La Habana con otros países, sancionar las inversiones extranjeras en la isla y, en definitiva, asfixiar por completo al régimen de Fidel Castro hasta su caída. La ley, que tiene el respaldo de las más influyentes figuras de un Congreso controlado por los republicanos, incluye una petición para que el presidente Bill Clinton pida al Consejo de Seguridad de la ONU el embargo internacional a Cuba.

Esta ley, que cuenta también con apoyo demócrata y con enormes posibilidades de éxito en el Capitolio, afectaría particularmente a España, que, junto con Canadá, es el principal socio comercial de Cuba, y a Rusia, que mantiene créditos y otras formas de relación económica con La Habana. "Este es un fuerte mensaje a Fidel Castro y a todos los que están haciendo inversiones en Cuba: mejor no lo hagan si quieren seguir haciendo negocios en Estados Unidos", declaró uno de los principales promotores de la ley, el congresista republicano Dan Burton. Para Rusia y otras antiguas repúblicas de la Unión Soviética la ley prevé que el presidente de Estados Unidos pueda retener de la ayuda norteamericana a esos países una cantidad idéntica a la que ellos inviertan o gasten en Cuba. Jesse Helms recordó, a este respecto, que Rusia ha dado créditos a La Habana por valor de 200 millones de dólares (más de 26.000 millones de pesetas) a cambio de ciertas facilidades de espionaje a EE UU desde la localidad cubana de Lourdes.

La iniciativa propone, entre otras formas de sanción a terceros países, la retirada de visados norteamericanos a cualquier extranjero que compre o se beneficie de propiedades confiscadas a norteamericanos en Cuba. Esta medida implicaría en la práctica la prohibición de cualquier tipo de transacción inmobiliaria en la isla, ya que miles de cubanos, en su mayoría residentes en el Estado de Florida, han adquirido la nacionalidad norteamericana tras abandonar su país.

"Queremos llamar la atención de nuestros socios comerciales de que pagarán las consecuencias por traficar con propiedades robadas a nuestros ciudadanos", dijo Benjamin Gilman, presidente del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que también apoya la iniciativa.Advertencia a España

Asimismo, los defensores de la ley advirtieron que, con este instrumento, se pretenden abortar también "los esfuerzos del Gobierno español de implicar al Fondo Monetario Internacional" en la reconstrucción económica de la isla. La ley pide al Gobierno norteamericano que impida que Cuba entre a formar parte de cualquier organismo internacional de crédito, y advierte que, en el caso de que el Banco Mundial u otra institución similar decida ayudar a Cuba, Estados Unidos retirará de su contribución a ese organismo una cantidad idéntica a la que esa institución entregue a La Habana."Esto garantizará el final de una dictadura brutal y hará de Cuba un país libre y próspero", aseguró Jesse Helms. El Acta de Solidaridad con la Libertad y la Democracia en Cuba es la prime ra ley que presenta el polémico senador de Carolina del Norte, símbolo de la extrema derecha anticomunista, desde que empezó a ocupar su poderoso cargo en enero pasado. "Es la hora de apretar la tuerca, no de soltarla. Tenemos una obligación con nuestros principios y con el pueblo cubano de aumentar la presión sobre Castro hasta que el pueblo cubano sea libre", añadió el presidente del comité de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa.

La ley propone también la emisión de Televisión Martí en una frecuencia de UHF para garantizar su perfecta visión en Cuba. Ese canal, que estaba en funcionamiento desde hace varios años, no se puede ver actualmente en la isla porque el Gobierno de la isla interfiere la señal con facilidad. Otro medida que afectará a terceros países es la prohibición al Gobierno y a empresas norteamericanas de importar azúcar y productos derivados de aquellos países que le compren azúcar a Cuba.

La ley hace también previsiones para el futuro de Cuba, y advierte que ni Fidel Castro ni Raúl Castro podrán formar parte de ningún Gobierno de transición o estructura similar del poscomunismo si el régimen resultante quiere mantener relaciones con Estados Unidos.