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El fiscal catalán de delitos ecológicos investiga el puerto deportivo de Portbou

Diversas asociaciones piden la suspensión del proyecto

Dos iniciativas llevadas ante los tribunales persiguen el mismo objetivo: la paralización del proyecto del puerto deportivo de Portbou (Alt Empordà), que prevé una capacidad de 400 amarres. Mientras el fiscal coordinador de delitos ecológicos en Cataluña ha abierto diligencias tras recibir una denuncia presentada por el colectivo ecologista IAEDEN (Instituciò Alto Empordanessa de Defensa y Estudio de la Naturaleza), la asociación ecologista Depana ha acordado presentar una petición de suspensión de los trabajos ante una sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.El fiscal coordinador de delitos ecológicos, Joaquín Pérez de Gregorio, ha abierto una investigación tras recibir una denuncia de la asociación ecologista IAEDEN, también del Alt Empordà y vinculada a Depana. lEADEN ha denunciado los daños que están provocando ya las. obras. "No se ha realizado ningún estudio ecológico de la montaña, y ahora, con las voladuras, está cediendo más de la cuenta", indica Deli Saavedra, presidente de IAEDEN.

La construcción del puerto, ubicado al pie de un hermoso acantilado, ya ha supuesto la desaparición de una playa conocida como Les Guiules. A juicio de Saavedra, implicará también la desaparición de unos "prados de alga poseidonea y la acumulación de contaminantes, puesto que es una bahía muy cerrada".

El proyecto sí cuenta con un estudio de impacto ambiental, cuyo resultado no concuerda con el estudio realizado por encargo de los grupos ecologistas. Las medidas que propone el proyecto para paliar el impacto ambiental -creación de un itinerario submarino, instalación de luces de yodo para evitar la acumulación de insectos o contenedores especiales para aceites, papel y plásticos- son calificadas de "folclóricas" por el abogado de Depana, Lluís Toldrà.

Depana impugnó por la vía contencioso-administrativa la autorización de¡ proyecto que dio el departamento de Obras Públicas de la Generalitat, que subvenciona gran parte de los 1.500 millones de pesetas del presupuesto de la obra.

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