EL 'CASO BANESTO'.

La Audiencia Nacional decidió ayer poner en libertad al ex presidente de Banesto Mario Conde con una fianza de 2.000 millones de pesetas y al ex presidente Arturo Romaní, con una de 1.000 millones. Los dos inculpados salieron de la cárcel de Alcalá-Meco a las 0.53 horas de hoy, tras presentar sus abogados los avales bancarios solicitados ante el juez Manuel García-Castellón, que lleva el caso. Los avales tienen el respaldo de Bankinter, banco presidido por Jaime Botín y participado por su hermano Emilio, presidente del Banco Santander, que fue la entidad que compró Banesto.El juez instructor Manuel García-Castellon, que envió a prisión a Mario Conde el pasado 23 de diciembre y a Arturo Romaní el 15 del mismo mes, analizó minuciosamente los avales presentados entre las 22.00 y las 23.40 horas para comprobar si estaban bien cumplimentados. A esa hora, un agente judicial salía de la Audiencia hacia la prisión de Alcalá-Meco con la orden de libertad. Antes de dar su aprobación, García-Castellón exigió a los abogados Miguel Gómez de Liaño y Antonio González Cuéllar que aportasen más documentación, por lo que tuvieron que ausentarse de la Audiencia durante vanos minutos.

El juez se había dirigido a la Audiencia poco después de las 21.30. García-Castellón, aunque aquejado de un proceso gripal, estuvo en la tarde de ayer en la Audiencia Nacional despachando asuntos de su juzgado. Nada más regresar a su domicilio, le telefonearon para que regresase a la Audiencia, porque los abogados de Conde iban a depositar las fianzas. El juez tomará declaración al empresario Jacques Hachuel sobre su relación con Conde y el caso Banesto.

Comparecencia semanal

La Audiencia ha estimado que la gravedad de los delitos supuestamente cometidos y la alarma social producida, no son suficientes para que Conde y Romaní sigan en prisión incondicional, y que las fianzas impuestas se consideran disuasorias de la tentación de no comparecer al juicio. El tribunal ha establecido, una serie de medidas cautelares para ambos: obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y prohibición de abandonar España.

La Audiencia obligó a Conde y Romaní a entregar la fianza en efectivo o mediante aval bancario, pero no con sus propiedades como garantía. Los abogados de Conde y Romaní, iniciaron de mañana las gestiones para conseguir los avales y los consiguieron a primera hora de la noche Fuentes del equipo jurídico de Conde, que calificaron la fianza de "excesiva", reconocieron que habían encontrado algunas dificultades para reunir el dinero.

Conde y Romaní han tenido que garantizar con sus bienes el aval conseguido. El tipo de interés de estos avales es de alrededor del 5 por 1.000 con vencimiento trimestral. Es decir, Conde tendrá que pagar 10 millones y Romaní cinco cada trimestre mientras dure el aval.

La fianza impuesta a Conde es la más alta fijada en la historia judicial española para obtener la libertad, y no hay que confundirla con las fianzas para hacer frente a responsabilidades civiles. Hasta la fecha, el récord lo ostentaba la que se impuso al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, por 1.000 millones.

En el caso de Conde, que está inculpado en tres delitos de estafa y dos de apropiación indebida por operaciones con empresas de Banesto, el tribunal ha estimado que la suma de 2.000 millones de pesetas es "proporcionada a la supuesta cuantía de las apropiaciones y fortuna personal del imputado". El tribunal entiende que la alarma social suscitada en torno al caso Banesto no se refiere "a lo que periodísticamente se ha llamado agujero de los 600.000 millones de pesetas", sino a "muy concretas apropiaciones, importantes cuantitativamente, pero mínimas comparadas con aquél". A Conde se le atribuye en la querella un enriquecimiento que ronda los 7.000 millones de pesetas "que trascienden la mera administración desleal". Según el tribunal, esos 7.000 millones de perjuicio patrimonial no son encuadrables en el concepto de "alarma social" por ser "escasa" la repercusión económica entre los accionistas de Banesto, si se comparan los 7.000 millones con el capital social de la entidad.

El tribunal entiende que la gravedad delictiva y la alarma social deben ponerse en relación con el peligro de fuga y la desaparición de pruebas.

El auto de libertad bajo fianza de 1.000 millones de Arturo Romaní -inculpado en dos apropiaciones indebidas y una estafa-, explica que la prisión preventiva "no adolece de la falta de motivos que legalmente hayan justificado su adopción".