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ECOLOGÍA: NUEVO EPISODIO CONTAMINANTE

La empresa Rontealde produce otro escape tóxico de gas en Barakaldo

Las siete "duras condiciones" impuestas por el Gobierno vasco después del escape tóxico de la planta química de Rontealde en octubre -tras el que murió un ciudadano de 70 años- no han impedido un nuevo episodio contaminante de SO2 (anhídrido sulfuroso). La fábrica de Rontealde en Barakaldo (Vizcaya), que produce ácido sulfúrico, emitió el martes a la atmósfera durante una hora una cantidad de SO2 superior a lo permitido legalmente sin que se produjeran ingresos en los hospitales.La empresa aseguró ayer haber cumplido todas las condiciones gubernamentales, incluida la entrega en enero del primer informe del laboratorio homologado que debe controlar las emisiones y velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas que garanticen el correcto funcionamiento de la planta.

1.500 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre en el aire de Barakaldo, municipio con más de 100.000 habitantes, entre las 17.30 y las 18.30 del pasado martes. Ese fue el efecto del fallo en una bomba de absorción en la planta química de Rontealde por un cortocircuito. Los límites máximos permitidos se encuentran entre 700 y 800 mg por metro cúbico. Previamente, Rontealde había realizado una parada técnica ante la "necesidad de cambiar una bomba de absorción", según explicó el nuevo director de calidad ambiental, Tomás Epalza, de Eusko Alkartasuna (EA).

En esta ocasión, según Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), no se ha producido ningún ingreso en centros hospitalarios a diferencia del escape del 21 de octubre del pasado año, que produjo problemas respiratorios a siete personas. Ese día, la ciudadanía de Barakaldo respiró durante una hora aire con una proporción de 1.789 mg. Las condiciones atmosféricas han ayudado a atemperar los efectos de este "hecho desgraciado", calificativo empleado por Epalza para definir el nuevo escape. Rontealde ha tenido escapes graves en 1988, 1989 y 1991 y tiene abierta dos causas en los juzgados por presuntos delitos ecológicos.

El Gobierno vasco cerró en octubre la empresa cautelarmente durante varias semanas e impuso siete condiciones durísimas para reabrir la planta. Entre ellas destacaba la de contratar un laboratorio homologado que garantizara el "control permanente" del funcionamiento de la planta.

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