Los alumnos de secundaria, en pie de guerra contra la "restricción" de sus derechos

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para el próximo día 9 de febrero una huelga general de los alumnos de enseñanzas medias para protestar contra un proyecto de real decreto que modificará la normativa sobre derechos y deberes de los estudiantes de los centros de enseñanza no universitarios vigente desde 1988. La organización estudiantil califica este proyecto como "un paso atrás salvaje respecto a la ya insuficiente carta en vigor".Dicho proyecto de reforma -que "no va a ser abordado de inm,ediato", según manifestó la semana pasada el ministro de Educación y Ciencia, Gustavo Suárez Pertierra-, fue estudiado por el Consejo Escolar del Estado, para su preceptivo informe, a finales del pasado mes de julio. Curiosamente, en las sesiones en que fije abordada la propuesta ministerial, junto al proyecto de nueva regulación de la enseñanza de la religión, los consejeros estudiantiles no estuvieron presentes, sin duda porque ya habían comenzado las vacaciones estivales.

Tal cicunstancia fue advertida por algunos de los sindicatos de profesores representados en- el Consejo y por la propia Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA).

Reclamaciones infructuosas

Los portavoces del Sindicato de Estudiantes aseguran que, desde que tuvieron conocimiento de la existencia de este proyecto, han estado reclamando infructuosamente del Ministerio la necesidad de que el texto fuera debatido previamente con las organizaciones estudiantiles. Miriam Municio, estudiante de segundo curso de Filosofía y miembro del Sindicato, afirma que sólo después de mucho insistir consiguieron que la Administración les remitiera el texto del proyecto, tal y como manifestaron en carta dirigida al ministro el pasado 15 de noviembre, pero que en ningún momento se les convocó a discutir su contenido. Suárez Pertierra afirmó, en una conferencia de prensa el pasado día 17, que había dado instrucciones para que se convocara a esta organización estudiantil, pero Municio afirma que hasta el momento dicha invitación no ha llegado a la sede del Sindicato.

"Si esta llamada ministerial cristalizara", dice Miriam Municio, "ello no significaría que fuéramos a desconvocar la huelga porque ya estamos hartos de actuaciones in extremis. La convocatoria de huelga ha sido adoptada por las asambleas de nuestra organización y, ahora, si alguna posibilidad existiera de frenarla, sería con el anuncio formal por parte del Ministerio de que está dipuesto a retirar el proyecto y volver a empezar todo el proceso desde el principio, es decir consensuar una nueva norma con los estudiantes y con todas las organizaciones de la comunidad educativa afectadas".

"Sólo entonces", añadió la dirigente estudiantil, "se sometería a las asambleas de la organización la posibilidad de suspender la convocatoria, y ello sin olvidar que nuestras reivindicaciones para esa jornada de lucha no se refieren sólo a la carta de derechos y deberes de los estudiantes, sino a un montón de problemas como el recrudecimiento de la selectividad universitaria, los graves efectos sobre el sistema educativo de la política restrictiva del gasto público que ha practicado el Gobierno en los últimos ejercicios presupuestarlos, y la indefinición de la reforma de la formación profesional". En este. sentido Municio destacó que la selectividad está empezando a afectar ya no sólo al acceso a la universidad, sino incluso a los módulos de formación profesional, que el Ministerio presenta como el "anticipo de la reforma" de este nivel de la enseñanza.

El mismo error

La CEAPA opina que el proyecto que maneja el Ministerio incurre en "el mismo error que el decreto vigente". En opinión de Jacinto Lasheras, dirigente de la confederación, "debería regular las normas de convivencia no sólo de los estudiantes, sino de todos los miembros de la comnuidad educativa". Se refiere en concreto a "las familias y al profesorado", "que entendemos", añade, "que deben estar sujetos al mismo juego y a las mismas reglas para poder jugarlo".

En un documento interno (le la CEAPA, Lasheras subraya la "unilateralidad" del proyecto ministerial, y sugiere que éste debe poner mayor énfasis en las medidas de "recuperación" de las faltas en que puedan incurrir todos los miembros de la comunidad educativa, no sólo los alumnos, y que debe evitarse "judicializar las alteraciones de la convivencia, que deben tener otra forma de solucionarse".

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC OO, ha manifestado que el proyecto ministerial le fue remitido el 14 de julio, apenas quince días antes de la reunión del Consejo Escolar. Para este sindicato, "el método utilizado por el MEC de funcionar a golpe de decreto no favorece la reflexión y el diálogo y que las normativas sean aceptadas y asumidas por los centros".