Prision incondicional, incomunicada y sin fianza para los dueños del geriátrico de Reus cerrado por malos tratos

El juez de Reus, Javier Alvar, ratificó ayer la prisión incondicional, incomunicada y sin fianza para los dueños y la encargada del geriátrico Catalunya Llar, detenidos el miércoles por presuntos malos tratos y abandono de cuidados a los internos. La investigación judicial, centrada en los últimos siete meses de actividades del centro -época en la que se registraron 18 muertes- se ampliará a años anteriores.

Ayer el juez y el fiscal, José María Parra, interrogaron por segundo día consecutivo al administrador del centro, Josep María Mengual, esposo de la propietaria Glòria Pané. También se tomó declaración a una ex empleada del geriátrico, que fue quien a principios de enero presentó la denuncia ante la fiscalía, y al médico de la residencia. Estos son los primeros testigos que declaran en el caso, aparte de los tres encausados.

. Los dos propietarios y la encargada, Amèlia Castellnou, permanecen incomunicados en la prisión de Tarragona. Ayer el abogado de esta última, Tomás Gilabert, presentó un recurso contra la incomunicación de su cliente, pero después de escuchar un informe del fiscal Parra, el juez lo rechazó.

En las últimas horas se han abierto nuevas líneas de investigación derivadas de la muerte de 18 personas en un centro con capacidad para 25. Fuentes próximas a los detenidos atribuyen la elevada tasa de mortalidad a que la mayoría de los internos no podían valerse por sí mismos y a que había ingresado más de un enfermo terminal, rechazado en otros centros.

La ampliación de la investigación afectará a los organismos de la Administración encargados de controlar el funcionamiento de las residencias para la tercera edad. El consejero de Bienestar Social de la Generalitat, Antoni Comas, reiteró el viernes que su departamento ha actuado correctamente. Benestar Social abrió hace dos semanas un expediente al centro por problemas higiénicos, pero no detectó indicios de malos tratos. Iniciativa per Catalunya ha pedido a Comas que explique en el Parlament porqué su departamento no detectó el supuesto mal trato.