Final de etapa

¿DEBE DIMITIR Felipe González? ¿Debe convocar elecciones generales? ¿Debe pactar esta decisión con el Partido Popular? ¿Cuál es la salida política a la situación creada en nuestro país, independientemente de la acción de los jueces, de los análisis de los periódicos, de las vociferaciones de algunos líderes y comentaristas? En definitiva, ¿cuándo y cómo se va a cerrar esta etapa de más de dos lustros de gobierno socialista, cuya agonía parece inevitable y amenaza convertirse ya en la agonía de todos?Las respuestas del presidente del Gobierno a las interrogantes creadas sobre la responsabilidad del Estado en la organización de los GAL no han merecido el crédito de un amplio sector de la población. La especulación contra la peseta no viene motivada por la indignación que asuntos como éste puedan causar en los contritos ánimos de los operadores, sino por la desconfianza respecto a la gobernabilidad de España, que pone en entredicho las perspectivas de un crecimiento económico continuado. Es este problema de la gobernabilidad el que debe encarar cuanto antes el presidente del Gobierno, sin hacer de Don Tancredo frente a las críticas de la opinión y los datos, tan incómodos como ciertos, de la realidad.

Existen motivos para el nerviosismo: en 1994 han visitado la cárcel un ex gobernador del Banco de España, el que fuera uno de los más importantes banqueros del país, otro de los financieros más notorios, el presidente de la cooperativa de viviendas del sindicato socialista, el ex director general de la Seguridad del Estado y la plana mayor de la lucha antiterrorista durante el primer Gobierno de González.

Mientras, sigue huido el ex director general de la Guardia Civil, candidato en su día a ocupar el Ministerio del Interior, y cuya fuga supuso la dimisión del titular del departamento. El ministro de AgricuItura tuvo que renunciar al cargo bajo acusaciones de incumplimiento fiscal, y continúan en marcha investigaciones y procesos judiciales sobre la financiación ilegal del PSOE y de otros partidos. Aunque la situación no es privativa de España, pues democracias de mayor arraigo tienen un buen número de ex gobernantes y diputados bajo sospecha o condenados, sería infantil tratar de negar que estos hechos han debilitado hasta el extremo la credibilidad del Gobierno y, muy fundamentalmente, la de su presidente. Ambos se mantienen gracias al apoyo, bastante atípico por el momento, que la minoría catalana les presta en el Congreso. Y la legitimidad moral del Ejecutivo es puesta en tela de juicio por quienes le consideran responsable de la organización de la guerra sucia contra ETA. Guerra sucia que, en cualquier caso, ya tuvo lugar con los Gobiernos de UCI y, por supuesto, con los de la dictadura.

Todo esto que decimos no evita otras consideraciones respecto a la curiosa combinación de algunos periodistas y jueces en su acción profesional o acerca de lo extraño que resulta ver a un reciente alto cargo del Ministerio del Interior, como es el magistrado Garzón, instruir una causa, contra funcionarios y responsables políticos de ese departamento. Hay muchas motivaciones oscuras en los agentes que han puesto en marcha este proceso para descabalgar al PSOE, a cualquier precio, y eso debe ser motivo de reflexiones y comentarios ulteriores. Pero sería ridículo que por ello nos hurtáramos al problema fundamental ahora planteado: la gobernabilidad de este país en el corto plazo.

Existe la impresión, creemos que generalizada, de que el modelo de gobierno que González ha llevado a cabo durante los últimos 12 años ha tocado a su fin. Las posibilidades de recambio, dentro del PSOE, parecen, hoy por hoy, casi inexistentes. Es preciso abrir una nueva etapa en la vida del país y es más que probable que el agotamiento de Felipe González no le permita seguir desempeñando el papel estelar que él mismo, se atribuye. Por lo demás, el futuro de España no puede seguir sometido a una incertidumbre que, en buena medida, depende del resultado de procesos penales cuyo veredicto final se demorará años. Salvado el incidente de la intentona del golpe de Estado, ésta es la primera ocasión en que la democracia española debe poner a prueba los resortes constitucionales para resolver una crisis de naturaleza política, cuya solución no puede depositarse en manos de arbitristas ni dejarse al albur de los acontecimientos. Si estamos ante una prueba para nuestra democracia, para la viabilidad del sistema del que nos dotamos a la salida del franquismo, es preciso, y urgente, poner en. funcionamiento a las instituciones. Es responsabilidad del presidente del Gobierno y del partido de la mayoría promover las iniciativas adecuadas a ese fin. Pero también la oposición, y muy significadamente su primer partido, aspirante a sustituir en el Poder a los socialistas, debe asumir los deberes que se derivan del caso.