Repsol prepara la segunda gran privatización con la venta del 20% de sus acciones

El Gobierno prepara la segunda gran privatización de Repsol para el primer trimestre de este año. Tal preparación implica básicamente lo que se entiende como tramitación política: elaboración del decreto de enajenación que especificará, de acuerdo con la ley de privatización, todavía no aprobada, aquellas decisiones que se reserva el Estado, aunque esté en minoría. Además, en este primer trimestre se definirá el porcentaje de privatización de la compañía. El margen de privatización está entre el 20% y el 30% del capital, aunque la cifra más probable es el 20%.

La clave temporal para disponer la privatización de Repsol es que se apruebe la ley de, privatización, puesto que el Gobierno quiere colocar en principio una cantidad superior al mínimo que la ley establece como umbral para reservarse, garantías. Si el porcentaje de privatización es inferior al 15%, entonces no hay razones para esperar a la ley. Pero si es superior, algo más que probable, la aprobación de la ley y el subsiguiente decreto de. privatización son imprescindibles.En un principio, Industria preveía que la ley fuese aprobada antes de que finalizase el año 1994. Ahora, la expectativa es que el Parlamento apruebe la norma entre mediados y final es de febrero. Así, el decreto de enajenación correspondiente a Repsol podrá ser elaborado inmediatamente después.

Pero el éxito de la privatización de la empresa que preside Óscar Fanjul dependerá en gran parte de que se realice en un momento en que el mercado de valores esté en fase ascendente y genere optimismo entre los inversores. Por ello, la elección de la fecha definitiva es muy delicada. Un mercado depresivo fue la causa de las dificultades de colocación de algunas grandes empresas públicas.

Además, aunque las decisiones básicas puedan ser adoptadas en el primer trimestre, la fecha de colocación en el horizonte del primer trimestre es complicada por diversas razones. La primera es la exigencia de que en el momento de la colocación la Bolsa siga una tendencia ascendente. La segunda es convencer a los inversores de que Repsol presenta mejores oportunidades que otras colocaciones recientes de empresas públicas. Y la tercera y última es la interferencia de acontecimientos políticos. En mayo deben celebrarse elecciones municipales y autonómicas, con lo cual el primer semestre queda roto para la colocación.

Un primer cálculo señalaría que marzo y junio serían, en principio, las fechas adecuadas en el ámbito del primer semestre, según las consideraciones de los analistas del mercado (siempre y cuando el mercado sea alcista). Los expertos consideran, no obstante, que marzo sería una fecha apresurada, teniendo en cuenta la urgencia con que debería elaborarse el decreto de enajenación. Y el mes de junio presenta una dificultad añadida que es una relativa proximidad con las vacaciones de verano. Por todo ello, las fuentes consultadas entienden que, aunque la decisión sobre la colocación se adopte en el primer trimestre del año, la venta se lleve a cabo con garantías en el segundo semestre del ejercicio.

Participación pública

En la actualidad, el Estado tiene una participación del 40,5% en Repsol, a través del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH). El resto está en manos de accionistas privados. La venta de títulos comenzó en 1989, cuando un 4% pasó a manos del BBV, y la primera gran privatización tuvo lugar en mayo de ese año con la salida a Bolsa del 26%. Entre esa colocación y la siguiente entró en Repsol la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), que posee el 5%. Y en mayo del año 1992, la compañía española emitió bonos convertibles que redujeron la participación del Estado desde el 64,4% al 41,1% y posteriormente llegó hasta el 40,5% que aún hoy mantiene.

La ley de enajenación de participaciones públicas, en trámite parlamentario, permite al Gobierno reservarse la toma de decisiones estratégicas en el caso d e que una empresa pública con más del 25% del capital en poder del Estado privatice más allá del 5%.