Comisión de guante blanco

LA LLAMADA comisión de estudio sobre la financiación de los partidos políticos y de investigación en relación con los casos Filesa, Naseiro y otros, según el farragoso y rimbombante nombre que se le dio en el acto de su constitución durante el debate de la nación del pasado 20 de abril, da las últimas bocanadas de su periodo investigador. Tras la comparecencia de Guillermo Galeote, sobre el caso Filesa, y de Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis, sobre el de Naseiro, se prepara para escuchar el próximo día 29 a Javier de la Rosa sobre su amenaza de "tirar de la manta" respecto de una supuesta entrega de fondos provenientes de sus negocios a algunos partidos políticos. Ahora se verá si ese aviso del financiero catalán fue un simple farol, lanzado con el propósito de intentar mejorar su suerte judicial y penitenciaria, o tiene algo de verdad. A partir de ese momento, la comisión iniciará su fase de estudio y es posible que enderece el errático rumbo que ha seguido en su trabajo investigador. Su objetivo no es otro que encontrar, con la vista puesta en lo que sucede en otros países europeos, fórmulas de financiación de los partidos más transparentes y realistas que las actuales. Fórmulas que impidan o dificulten la variada gama de irregularidades que han aflorado durante los últimos años.

La premura y la crispación del momento político -los casos Rubio y Roldán estaban entonces en plena ebullición- contribuyeron a que la comisión de partidos políticos naciera con innegables defectos. Uno de ellos fue que no se fijó un límite temporal para finalizar sus trabajos. Y otro, que el posible objeto de su investigación era tan amplio que podría hacerse inabarcable si el término "otros" con que finaliza su denominación oficial se tomaba al pie de la letra y se investigaban todas las cuentas de todas las formaciones políticas habidas en España desde el advenimiento de la democracia.

Entra dentro de lo razonable, pues, que el PSOE y el PP hayan acordado que la fase investigadora de la comisión no se prorrogue más allá del 31 de diciembre. De haberlo hecho antes, es posible que los integrantes de la comisión no hubieran perdido tanto tiempo discutiendo qué casos de corrupción debatir o dejar a un lado o echándose en cara el particular caso de cada uno de sus partidos. El examen de las formas irregulares de financiación habría sido más serio y riguroso y, por tanto, más útil a la hora de encontrar la receta adecuada para combatirlas. Y la sensación de simulacro que ha marcado el trabajo investigador de la comisión no hubiera sido tan fuerte. ¿O es que Galeote, Naseiro y Sanchis han aportado algo que no se supiera sobre los casos Filesa y Naseiro?

Pero si la investigación ha sido más bien escasa -carencia que en todo caso puede ser suplida por la acción de los tribunales-, lo que no puede constituir un fiasco es el diagnóstico que la comisión está obligada a dar sobre las formas concretas de combatir la corrupción y la financiación ilegal de los partidos. Debe pronunciarse claramente sobre si un mayor grado de financiación privada transparente, tanto de personas físicas como jurídicas, puede. ayudar a taponar los agujeros de la corrupción, situados fundamentalmente en los aledaños administrativos (contratas públicas, adjudicación de obras y Servicios, cesiones y permutas inmobiliarias ... ). Y también debe pronunciarse sobre si ese mayor protagonismo de la financiación privada puede reforzar la credibilidad de los partidos ante la sociedad y obligarlos a una gestión más cuidadosa de sus presupuestos.

Parece razonable. que la actividad estrictamente institucional de los partidos -procesos electorales y actuación parlamentaria- sea financiada a cargo del erario público. Pero no que lo sea también la gruesa factura de sus gastos corrientes.