La ponente del "caso Ibercoop" acusa de negligencia al director de Empleo
El socialista Juan Navarro Barrios, de 45 años, director general de Empleo de la Comunidad de Madrid, actuó con negligencia al aprobar, entre 1989 y 1991, la concesión de 22 subvenciones (69 millones de pesetas) al grupo Ibercoop por estudios falsos rellenos con simples fotocopias, según Teresa Nevado, diputada de IU y ponente del dictamen sobre la investieación parlamentaria iniciada hace dos meses.Ibercoop fue fundada por Navarro en 1987. Aunque dos años después causó baja en la sociedad, la presunta incompatibilidad para intervenir en la concesión de una subvención pública a su antigua empresa ocasionó una denuncia del Tribunal de Cuentas y las pesquisas de seis diputados regionales.
A Teresa Nevado le faltan pruebas para denunciar un caso de corrupción en el departamento del director regional de Empleo. "No existen pruebas suficientes para concluir que fue Navarro quien favoreció a estas sociedades, pero sí tenemos sospechas fundadas de que hubo trato de favor al grupo", declaró ayer la diputada de IU.
El caso Ibercoop, destapado por EL PAÍS el pasado 6 de octubre, se fraguó hace cinco anos cuando un grupo de 12 empresas, promovidas y fundadas por antiguos socios de Juan Navarro en la cooperativa Ibercoop, exprimió al máximo las posibilidades que ofrecía el, Plan de Empleo Regional. Entre 1989 y 1991, el- grupo Ibercoop presentó 49 solicitudes de subvención acogiéndose a ese plan y recibió el visto bueno en 42 (6 para generar nuevos puestos de trabajo, 14 para impartir cursos de formación y 22 para elaborar estudios técnicos). En total ingresó 235 millones como apoyo económico público a sus proyectos. El funcionario interino que evaluaba las solicitudes del grupo Ibercoop para financiar estudios técnicos, que luego resultaron simples fotocopias, fue José Bravo Bravo, que también colaboró en 1987 con Navarro en la creación de Ibercoop.
Dos años después de las últimas ayudas concedidas al grupo Ibercoop, el Tribunal de Cuentas, en su inspección tradicional de los contratos regionales, analizó dos subvenciones a Ibercoop. Tras el estudio, los auditores denunciaron una irregularidad: el director general (Juan Navarro) que aprobó las subvenciones había sido fundador de una de las sociedades subvencionadas (Ibercoop). Según la auditoria pública, Navarro vulneró la ley de incompatibilidades de altos cargos por no inhibirse en la tramitación de las solicitudes de ayuda registradas en su departamento por la sociedad Ibercoop.
PASA A LA PÁGINA 3
La Asamblea solicita al fiscal que continúe la investigación sobre las ayudas al grupo Ibercoop
VIENE DE LA PÁGINA 1El director de Empleo recurrió el informe provisional del Tribunal de Cuentas. Alegó que en 1989 Ibercoop ya no era la misma sociedad que él fundó, e intentó demostrar que durante la tramitación de los dos expedientes se había ausentado, que era tanto como inhibirse en la concesión de las ayudas.Pero un año después el informe definitivo del Tribunal de Cuentas consideró probada la continuidad de Ibercoop entre 1987 y 1989 y la no inhibición de Navarro en la adjudicación de las subvenciones. En las conclusiones volvió a figurar la "irregular" actuación de Navarro.
La condena del Tribunal de Cuentas coincidió con la investigación abierta por una comisión parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Durante dos meses, seis diputados (dos por cada grupo político) analizaron las subvenciones concedidas a Ibercoop. Para hacerlo recibieron más de 50.000 folios de documentación sobre los distintos contratos e interrogaron a diversos altos cargos de la Comunidad de Madrid, a funcionarios de la Dirección General de Empleo y al cerebro del grupo Ibercoop, el empresario Cipriano Uceda. El resto de socios y fundadores de las 12 empresas investigadas no comparecieron en el Parlamento regional pese a que recibieron la citación.
Tras dos meses de investigaciones, la comisión parlamentaria concluirá sus trabajos el próximo día 29 con la aprobación del dictamen definitivo.Izquierda Unida y el Partido Popular proponen la remisión de las conclusiones y toda la documentación a la Fiscalía de Madrid para que continúe la! investigaciones por si se. hubiera producido algún delito.
La ponente del dictamen, Teresa Nevado, diputada de IU, explicó ayer a EL PAÍS las conclusiones más importantes y decisivas que, tras las pesquisas, ha reunido:
Juan Navarro.
"Se ha probado la relación entre Navarro y el grupo de empresas subvencionadas. Fue contratado laboral de una de ellas (Hades 87) y propuesto como profesor por esta misma empresa para impartir un curso de formación profesional. Todo esto mucho antes de ser nombrado director General de Empleo", explica la parlamentaria de IU. Teresa Nevado recuerda que algunos de los comparecientes declararon que Navarro y Cipriano Uceda -principal promotor del grupo Ibercoop- mantenían una relación fluida. Destaca también que Navarro no se inhibió en la tramitación de ayudas a estas empresas y, por tanto, vulneró la ley de altos cargos. "Nosotros vamos a reclamar su destitución, aunque él ya ha anunciado que dimitirá, por gestionar con negligencia y permitir que durante tres años se produjeran situaciones de claro fraude por parte del grupo Ibercoop a la Comunidad de Madrid".
José Bravo Bravo. "Es la pieza clave para aclarar si hubo trato de favor en la concesión de 69 millones por estudios técnicos falsos, ya que Bravo Bravo era el funcionario que evaluaba las solicitudes y proponía la concesión de subyenciones", afirma Nevado. José Bravo Bravo fue uno de los socios fundadores de Ibercoop junto a Juan Navarro. "No hay pruebas de que Navarro interviniera para colocarle en la dirección de Empleo; pero, una vez que consiguió la plaza, Bravo Bravo ocupó un puesto muy superior al que le correspondía como interino, y eso resulta extraño".
Trato de favor. "No tengo pruebas suficientes para acusar a Navarro de trato de favor. Pero sospecho que existió trato de favor por parte de la Dirección General de Empleo al grupo Ibercoop. El funcionario que analizaba los expedientes, y aconsejaba la concesión de subvenciones (José Bravo Bravo) no ha querido comparecer y, por tanto, no se pueden determinar las responsabilidades porque faltan pruebas", afirma Nevado.
Fiscalía de Madrid. "Vamos a proponer que toda la documentación sobre este caso se remita a la Fiscalía de Madrid. Pueden haberse producido delitos y, la comisión parlamentaria carece de medios para investigarlos. La Asamblea de Madrid no puede forzar a nadie a decir la verdad ni a comparecer".
Recomendaciones. "Es necesario revisar los programas de la Dirección General de Empleo para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Hay que organizar nuevos mecanismos de control sobre las subvenciones y determinar con claridad las funciones de las comisiones de seguimiento y evaluación de las distintas solicitudes".
Gobierno. "La actuación del consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, ha sido correcta. Encargó una investigación y resolvió el problema en cuanto lo descubrió; anuló y pidió la devolución de las subvenciones. Pero hay que reprocharle que no destituyera a Juan Navarro por mala gestión".
Fraude patronal. IU denuncia un presunto intento de fraude de la patronal del metal, Aecim, a la Consejería de Economía, por no abonar los 115 millones pactados en un convenio para estudiar la situación de 27 empresas del metal. Sin embargo, Aecim ingresó los 86 millones de pesetas de subvención pública para encargar los estudios, que también firmó Ibercoop.
El "agujerito del océano"
¿Cómo pudieron colar los dirigentes del grupo Ibercoop hasta 22 estudios falsos rellenos de fotocopias durante tres años sin que nadie se diera cuenta? Juan Navarro, jefe del departamento que concedió 69 millones por esos estudios, lo explica así: "La Direccíon General de Empleo no tenía personal suficiente para estudiar con detenimiento los miles de expedientes que tramitaba cada año". Navarro llegó a declarar que las subvenciones concedidas a Ibercoop tan sólo suponían "un agujerito en el océano". de las ayudas adjudicadas en la Consejería de Economía.El trabajo a destajo parecía el único motivo del presunto despiste. Pero Izquierda Unida y el Partido Popular se han topado con una sorpresa: Navarro contrató a dos empresas privadas y dos particulares para que estudiarán más de mil solicitudes de subvención."Puede ser legal, pero me resulta francamente anómalo el funcionamiento de esta Dirección General. Los documentos que remiten las distintas empresas para conseguir subvención salen de la Consejería de Economía hacia el domicilio de la consultora privada con la que contratan el estudio de los expedientes sin respetar el derecho de conflidencialidad", denuncia Nevado.
"Es llamativo que algo tan supuestamente irregular no haya sido denunciado por la intervención delegada de la Consejería de Economía ni descubierto por los distintos funcionarios que han investigado la gestión de las subvenciones en la dirección general de Empleo", remacha.
Juan Navarro nunca se refirió, en sus dos comparecencias en la Asamblea de Madrid donde explicó la gestión de las subvenciones, a la existencia de contratos con empresas privadas para aliviar de trabajo a sus funcionarios en la tramitación de las solicitudes de empresas dentro del Plan de Empleo regional.
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