El cable podrá estar operativo a finales de 1995

Dos años ha tardado el Gobierno en dar a luz un proyecto de ley de cable que ayer finalmente aprobó el Consejo de Ministros bajo el nombre de Ley de Telecomunicaciones por Cable. Si se cumple el calendario previsto, a finales de 1995 estarán adjudicadas las primeras concesiones. Los ayuntamientos tendrán un protagonismo destacado en la evolución de los servicios de cable ya que fijarán las prioridades en su desarrollo y propondrán al Gobierno las demarcaciones y el número de licencias. El Ejecutivo aprobó también ayer el proyecto de ley de Televisión Local por Ondas Terrestres.

El proyecto regulador del cable es ambicioso, según señaló el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, José Borrell, "entre otras razones porque España se sitúa con esta iniciativa a la cabeza del desarrollo efectivo de las autopistas de la información y toma la iniciativa en la liberación de las infraestructuras de cable, por delante de la Comisión Europea".El ministro no se atrevió a valorar, sin embargo, las consecuencias económicas que pueden derivarse de la aplicación del marco legal. Según estudios hechos por operadores extranjeros que han mostrado su interés por el mercado del cable español conectar unos seis millones de hogares españoles en un periodo de seis y siete años costaría unos 700.000 millones de pesetas.

La cifra de negocio superaría en ese mismo período el billón y medio de pesetas. A partir de 1996 los usuarios podrán recibir, según los cálculos realizados por empresarios del sector, entre 15 y 16 canales de televisión por unas tres mil pesetas al mes.

Los servicios de cable se prestarán por demarcaciones territoriales que deberán contar con una población mínima de 20.000 habitantes. Cuando estas demarcaciones sean iguales o inferiores a un término municipal serán determinadas por los ayuntamientos y si incluye más de un término municipal serán determinadas por el Ministerio de Obras Públicas a propuesta de los ayuntamientos respectivos.

Las concesiones se otorgarán por el plazo de 15 años renovables por periodos sucesivos indefinido de cinco años, con lo que se asientan las concesiones en el tiempo. En cada demarcación territorial se otorgará una concesión además de la que podrá solicitar Telefónica siempre que esta compañía vaya a usar su propia infraestructura.

Las ventajas que se conceden a Telefónica, que ya tiene instalada la red de cable en una buena parte del territorio, tienen como contrapartida una serie de limitaciones como son que no podrá prestar servicios en cada demarcación hasta seis meses después de que se resuelva el concurso de adjudicación al otro operador.

Telefónica tampoco podrá presentarse a los concursos de adjudicación ni podrá tener participación en el capital de los concesionarios. Además tendrá la obligación de integrar los servicios de telecomunicación por cable en la misma red con el servicio telefónico básico.

Participación extranjera

El operador por cable que no sea Telefónica, deberá configurarse como sociedad anómima domiciliada en España. La participación máxima de capital extranjero de países que no pertenecen a la Unión Europea será del 25%, aunque el Consejo de Ministros podrá autorizar una participación en teoría del 100% de capital extracomunitario. Esta condición podría dejar las puertas abiertas a la penetración de los grandes operadores norteamericanos. El propio Borrell admitió ayer que esto no sería descartable "siempre y cuando tuviéramos contrapartidas y a nosotros nos dejaran hacer lo mismo en Estados Unidos".El operador de cable o dueño de la red podrá construir su red o usar las redes ya existentes. Además podrá interconectar las redes usando para ello los servicios de Telefónica, Correos o Retevisión. Los operadores de cable podrán prestar todo tipo de servicios pero tendrán la obligación de dejar al menos el 40% de la red para servicios de programadores independientes.

Las redes de televisión por cable que existen en la actualidad -en torno a cien operadores con equipos más o menos homologados- podrán seguir existiendo hasta que se adjudique la correspondiente concesión. Deberán presentarse a los concursos. Si no ganan podrán subsistir durante otros tres años.