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El PP acusa a Asuntos Sociales de obstaculizar la investigación sobre Cruz Roja

Carmen Mestre continúa en el Consejo de Administración de Repsol Butano

El PP hizo ayer un duro repaso de la gestión y cuentas de la Cruz Roja durante el mandato de la anterior presidenta, Carmen Mestre, como preámbulo a la comparecencia, hoy, en el Congreso de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, para explicar el cese de Mestre. "Es bochornoso que el Gobierno acuda al Parlamento con siete meses de retraso para dar explicaciones", dijo ayer Luis Ramallo, diputado del PP, en rueda de prensa.

Ramallo criticó que Carmen Mestre, que cesó en su cargo el 10 de mayo al salir a la luz pruebas de su mala gestión, siga siendo consejera de Repsol Butano -40% de participación pública-. Los miembros de este Consejo de Administración cobran en torno a un millón de pesetas brutas al año.El diputado del PP dijo que el creciente endeudamiento de Cruz Roja Española, que ascendía el año pasado a 26.500 millones (la cuarta parte correspondía a la oficina central de Madrid), se debía al despilfarro, la mala gestión y "las manías de grandeza" de Carmen Mestre. Y sacó la lista: desde la revista bimensual, que le costó a la organización 210 millones en 1993, hasta los "enormes salarios" de algunos, "que se han enriquecido a costa de una organización humanitaria"; y puso como ejemplo los 8,5 millones que, según Ramallo, cobraba el secretario genereral. Y recalcó que sospechaba que el Ministerio de Asuntos Sociales estaba obstaculizando la información que el PP ha solicitado sobre contratos blindados en Cruz Roja.

Ramallo puso varios ejemplos de cómo la dirección de Cruz Roja ha estado vendiendo inmuebles con precios inferiores a las tasaciones. "El edificio de la calle Manuel de Luna se vendió por 95 millones, y el mismo día, la empresa que lo compró hizo un arrendamiento financiero por 146 millones". Ramallo destacó como la peor de estas transacciones la permuta del edificio central en la calle Eduardo Dato por la actual sede en la carretera de La Coruña -"permuta que Mestre tardó nueve meses en comunicar al Comité Nacional"-

Y concluyó Ramallo: "La Cruz Roja ha sido invadida por el pulpo felipista hasta convertirla en una caricatura de lo que era esta organización humanitaria. Su solvencia moral ha salido aún más perjudicada que su solvencia patrimonial".

La gestión anterior ha dejado a Cruz Roja Española sumida en un mar de deudas, como demuestra la auditoría de 1993. De dicha auditoría se desprende, por ejemplo, que Cruz Roja debe todavía a Hacienda 294 millones en concepto de IVA correspondientes a la polémica permuta de 1991.

Las gestiones realizadas en los últimos meses por el nuevo presidente, Juan Manuel Suárez del Toro, han buscado acuerdos para aplazar las deudas que estrangulan a la institución. Así, en julio, según la citada auditoría, Suárez del Toro negoció un plazo de amortización de la deuda con la Seguridad Social (véase el cuadro adjunto), que asciende a casi 10.000 millones y que obliga a la institución a realizar enormes desembolsos hasta 1991).

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