La Xunta paga 32 millones a la empresa de un alcalde que aceptó una planta de basuras

La Xunta pagó más de 32 millones de pesetas a una empresa del alcalde de Cerceda (La Coruña), el socialista Fernando Martínez, por informes sobre la viabilidad de una planta de residuos que se construirá en esa localidad. El Ayuntamiento de Cerceda aceptó en 1992 acoger la mayor incineradora de basuras de Galicia tras la firma de mi convenio con el Gobierno autónomo, del Partido Popular. Desde entonces, Martínez, miembro de la ejecutiva del PSOE gallego, ha amenazado en varias ocasiones con poner obstáculos a la construcción de la planta si el pueblo no obtiene compensaciones económicas.

La empresa Sogaco, SA, presidida por Martínez hasta diciembre de, 1993, recibió ese año el encargo de la Consejería de Política Territorial para realizar cuatro estudios sobre el Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos, que procesará la basura de toda Galicia. Los informes se adjudicaron directamente, sin mediar concurso, y se facturaron como "asistencias técnicas", según la relación de contratos públicos enviada por la Consejería al Parlamento autónomo. El objeto social declarado por Sogaco en el Registro Mercantil es la "creacion, consulting y publicidad empresarial".Los estudios versaban sobre la viabilidad de la planta (8.200.000 pesetas), la "calidad ambiental de la zona geográfica afectada" (8.600.000), "acciones comunicativas de apoyo" al plan de residuos de la Xunta (9.600.000) y un cuarto informe de enigmático enunciado, por el que se pagaron otros 6.200.000 pesetas: Estudio acciones del proyecto planta de tratamiento combustible derivado residuos susceptibles de producir efectos negativos medioambientales en Cerceda. En total, suman 32.600.000 pesetas. Fuentes de la Consejería admitieron que uno de los informes aún no se ha entregado.

Cuando en 1992 se firmó, el convenio para construir la incineradora, el alcalde de Cerceda era el socialista Jesús Orgeira, aunque la oposición municipal siempre consideró a Martínez -que desempeñaba la primera tenencia de alcaldía y fue diputado autonómico- como el hombre fuerte de la corporación. Al año siguiente, Martínez arrebató la alcaldía a su compañero de partido presentándole una moción de censura. Desde entonces, el edil ha combinado los gestos de buena voluntad con amenazas a la Xunta para obtener contraprestaciones económicas y garantías medioambientales. Hace un mes, concedió la licencia municipal de construcción de, una nave para empacar la basura antes de ser procesada.

Firmante de los estudios

Martínez aseguró a este diario que cuando se encargaron los informes, aún no había accedido a la alcaldía. A pesar de todo, no considera incompatible la actividad de su empresa y el desempeño de su cargo público: "Alguno de los estudios lo firmé yo mismo porque soy técnico en Medio Ambiente. Y contenían aspectos desfavorables para los planes de la Xunta. Hay que tener muy mala fe para ver ésto como algo extraño". Según el alcalde, la construcción de la planta fue apoyada en su día por todos los grupos municipales. Martínez advierte que el proyecto definitivo aún no está aprobado y, por tanto, el Ayuntamiento podría plantearle objeciones si no le convence.Fuentes de la Consejería de Política Territorial explicaron que aunque los informes se adjudicaron sin concurso, se pidieron ofertas a tres empresas y Sogaco presentó las más baratas. La Xunta sostiene que como representante de la empresa actuó el otro accionista mayoritario, Pedro Rey, también conocido militante socialista. El alcalde de Cerceda posee el 47,6% de las acciones de Sogaco y presidió su consejo de administración hasta diciembre de 1993, cuando Pedro Rey fue nombrado administrador único. Martínez y Rey ocuparon altos cargos en la Xunta entre 1987 y 1989, antes de la llegada del PP al poder.