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Editorial:

Fuera del paraíso

LOS ELECTORES californianos han aprobado por una mayoría considerable -59% de los votos contra el 41%- la llamada proposición 187, que niega a los inmigrantes ilegales (cerca de dos millones de personas) los servicios de educación y sanidad, de los que han disfrutado hasta ahora y que son comunes a los demás ciudadanos. Ningún partido se había atrevido hasta ahora a proponer una Medida de esta naturaleza por sus connotaciones racistas. En esta ocasión, los republicanos, con el gobernador Pete Wilson en cabeza, han hecho de la proposición 187 el eje de su campaña.Han excitado los sentimientos más primitivos y atrasados de la población, el temor a que el extranjero pueda privarle de, su trabajo, la asimilación perversa del inmigrado con el delincuente, para alcanzar ese resultado espectacular de que seis de cada 10 votantes se muestren decididos a condenar a los ilegales a un estatuto de apartheid. La coincidencia de la victoria republicana en las elecciones legislativas y en esta proposición xenófoba votada en California confirma que el nuevo republicanismo avanza por caminos inquietantes.

Se puede calcular que existen unos 300.000'hijos de inmigrados ilegales que asisten actualmente a las escuelas californianas. La proposición 187 les convierte en principales víctimas de la represión que tiende a desencadenar. ¿Qué se pretende hacer ahora con esos niños? ¿Expulsarlos y aumentar así el número de jóvenes que serán atraídos inevitablemente por la delincuencia? Si se examinan en concreto las consecuencias de la proposición 187, es obvio que serán catastróficas en todos los órdenes para la vida civil en ese Estado.

El terreno de la sanidad es quizá el que descubre de manera más escandalosa su contenido inhumano. ¿Es concebible que se cierre la puerta de los hospitales a las mujeres embarazadas que vayan a dar a luz, que se deje en la calle a personas gravemente enfermas o heridas? Es difícil imaginar cómo, sobre todo en una zona de alto nivel de vida, una gran mayoría de los ciudadanos ha sido capaz de votar a favor de medidas que violan las más elementales obligaciones de humanidad ante la persona que sufre una enfermedad y a la que amenaza la muerte.

Por otra parte, esta proposición obligaría a los maestros y, a los médicos a convertirse en auxiliares de la policía. Ellos deberían acusar a los inmigrantes cuya situación no sea regular, para que sean expulsados de sus establecimientos. Por ello, antes incluso del referéndum, numerosos médicos y enseñantes han manifestado su repulsa radical y han declarado que se negarían a cumplir el papel infame que la proposición 187 les asigna.

En realidad, aunque el referéndum haya sido aprobatorio, y aunque el gobernador pretenda poner en aplicación las medidas derivadas de la proposición 187 con rapidez, aún, quedan serias; batallas legales que pueden tirar por tierra_las pretensiones de los medios ultraconservadores que la han promocionado. Las quejas judiciales presentadas sobre la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la proposición (y especialmente de sus dos puntos esenciales, rechazo de la educación y los cuidados médicos de urgencia) tendrán una gran fuerza ante los tribunales. Se calcula que hasta febrero de 1995 será difícil que éstos tomen decisiones que permitan su aplicación. Hay que recordar que, en 1982, el Tribunal Supremo, en el entonces famoso caso Pyler contra Doe, dictaminó que la enmienda 14 de la Constitución sobre "igual protección" prohíbe a un Estado negar la asistencia a las escuelas a ningún niño residente en sus fronteras.

En el extranjero, sobre todo en México, las críticas han sido rotundas. Ahora se inicia la batalla jurídica y política para impedir que se apliquen las brutales medidas votadas por los californianos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de noviembre de 1994