Entre el caos y la fragilidad

Inversores españoles, franceses, británicos, italianos, y belgas en empresas argentinas privatizadas en los sectores de teléfonos, electricidad, agua y gas se han agrupado para comunicar al presidente Carlos Menem su protesta en algunos casos y su preocupación en otros por la fragilidad jurídica del marco en que se mueven. Llaman la atención también ante lo que consideran una excesiva interferencia de los entes reguladores establecidos por el Gobierno para vigilar el cumplimiento de las condiciones pactadas en las concesiones. Los embajadores de los cinco países afectados, en un medida sin precedentes en Argentina, solicitaron audiencia al jefe del Estado el pasado 12 de octubre para comunicar las quejas de sus nacionales, pero todavía no han recibido una respuesta definitiva.La multa de 4,5 millones de pesos (igual cantidad de dólares) impuesta a la distribuidora eléctrica Edenor, con el 20% en manos francesas aunque también con capital español, "por deficiencias en las calidad del servicio" fue uno de los detonantes. El secretario de Coordinación Legal y Técnica, considera "correctas" las multas aplicadas. El asunto subió de tono y fue abordado por el canciller galo, Alain Juppé, durante su visita a Buenos Aires. El gerente comercial de esa compañía en la zona de San Justo llegó a ser detenido el pasado año cuando decidió cortar el servicio a quienes lo pirateaban. "Si los municipios no pagan, córtenles la luz", había respondido el ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando el director de la compañía, Gilles Menage, dijo que perdían dinero porque los municios no pagan, por el pirateo y por la ineficiencia de los entes reguladores".

Telefónica

Nuevas exigencias burocráticas y cambios en las reglas de juego, con medidas no previstas en los contratos de privatización, son algunas de las trabas expuestas, a las que se suma el desacuerdo con algunas decisiones judiciales. A las empresas telefónicas, entre las que se encuentra Telefónica de Argentina, controlada por España, no les gustó una sentencia que bloquea el anunciado reajuste de las tarifas, con las que se esperaban obtener importantes beneficios. Sus portavoces se habían entrevistado Con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que objetó los aumentos acordados con el ministerio de Economía.La situación política, a seis meses de las elecciones, complica el panorama porque Menem, que busca la reelección, evita medidas impopulares: el alza de las tarifas urbanas, como era de esperar, no ha sido bien recibida por la opinión pública pese al abaratamiento de las llamadas internacionales. "No nos engañemos, aquí venimos a sacar el máximo dinero en el tiempo que nos queda aunque siempre cumpliendo con lo acordado", admite un directivo español.

Las empresas temen que la regulación de los entes, establecidos para la defensa de los consumidores, acabe conviertiéndose en intervención. "Aquí hay capital extranjero que actúa en empresas privatizadas casi en régimen de monopolio y nuestra misión es cuidar de que cumplen con sus obligaciones tanto en la fijación de tarifas justas como en el funcionamiento de los servicios", dicen fuentes oficiales. Con pérdidas de 150 millones de dólares desde su instalación hace dos años, directivos de las eléctricas, entre ellas Endesa e Iberdrola, se muestran especialmente irritadas. Reprochan los constantes pedidos de informes técnicos y, la promulgación de legislaciones que contravienen o modifican de alguna forma la condiciones iniciales en las que se pactaron las concesiones.

Un economista conocedor del conflicto piensa que no hay que atribuir a todo esto mala intención a pesar de que hayan podido registrase abusos o regulaciones excesivas. "Se están produciendo los errores propios de un proceso de esta envergadura y complejidad. Han privatizado el agua, los teléfonos, la electricidad, el gas, las líneas aéreas. Lógicamente todavía estamos en un momento de encajar todo el sistema. Esto pasará".

El capital español invertido en este país en los últimos tres años, principalmente en transporte, telecomunicaciones y energía, asciende a los 6.200 millones de dólares, según fuentes españolas. "Y si se cumplen los planes previstos entrarán otros 5.700 millones en los próximos cinco años; las inversiones de las empresas españolas constituirán el 10% del total argentino.