Un test pide a funcionarios navarros datos de sus inclinaciones sexuales

Un grupo de 365 profesores en prácticas de centros educativos del Gobierno de Navarra tuvieron que responder en un test cuestiones sobre sus inclinaciones sexuales, sus creencias religiosas y su estado de salud. Todos los grupos políticos del Parlamento navarro han protestado. El responsable del asunto, Calixto Ayesa, consejero de Salud, argumenta que con el test se trataba de "percibir posibles trastornos de personalidad previos a la incorporación del empleado a su lugar de trabajo".

El test era parte de las pruebas fijadas en la convocatoria para la provisión de plazas. Entre el total de las 566 cuestiones contenidas en el mismo, los docentes aspirantes a funcionarios fijos encontraron algunas como las siguientes: "Voy a la iglesia casi todas las semanas", "Creo que hay un Dios", "Me siento atraído por las personas de mi propio sexo", "Hay algo irregular en mis órganos sexuales", "Me gustaría no ser tímido", "Nunca he tenido defecaciones negras, de color de alquitrán"...El cuestionario, conocido por las siglas MMPI, fue preparado en la Universidad de Minnesota en 1943. Se renovó en 1970 y un año después se tradujo al castellano y comenzó a utilizarse en España, fundamentalmente para detectar posibles enfermedades mentales.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Calixto Ayesa, justifica su uso en las pruebas a que fueron sometidos los docentes indicando que se trataba, precisamente, de percibir posibles trastornos de personalidad previos a la incorporación del empleado a su lugar de trabajo: "El objetivo no es valorar las capacidades del candidato para realizar las funciones asignadas a su puesto de trabajo, sino detectar si padece alguna enfermedad mental que impida o limite gravemente la realización de las funciones para las que ingresa en la Administración".

Ayesa reconoce que algunas de las preguntas han podido quedar desfasadas, pero defiende la validez del test: "La versión actual del cuestionario se elaboró en 1975, y presenta algunas deficiencias culturales por el paso del tiempo. Puede sorprender a los no iniciados en algunas de sus preguntas, sobre todo si desconocen el objetivo de las mismas, pero se trata de una herramienta técnica, y profesional validada científicamente y de utilización universal en la actualidad".

Quienes se sometieron al cuestionario no opinan lo mismo. La comisión de Personal del departamento de Educación del Gobierno navarro ha enviado un escrito al director general de Educación en el que solicitan que el test "no sea de obligada cumplimentación por considerar que contiene preguntas que presuntamente vulneran los derechos contenidos en el artículo 16.2 de la Constitución".

Los representantes laborales del personal docente del Gobierno de Navarra afirman que "aunque los psicólogos crean que es válido y sostengan que el cuestionario está reconocido internacionalmente, lo cierto es que se trata de un formulario claramente preconstitucional, tal y como testifican datos legales del cuestionario como su fecha del copyrigth, la de actualización y la de inscripción en el Depósito Legal".

Un cierto "repelús"

El responsable del departamento de Salud alega que no se vulneran principios constitucionales porque la confidencialidad de los datos está garantizada. "El resultado de la evaluación", aclara Ayesa, "se refleja en un informe que indica únicamente si el candidato es apto o no ampara el ejercicio del puesto. Esta es la única información que transmite el servicio de Psicosociología del Instituto Navarro de Salud Laboral que es el encargado de tabular las pruebas".La utilización del polémico test tampoco ha gustado a los grupos parlamentarios incluido el del Gobierno, Unión del Pueblo Navarro, que preside Juan Cruz Alli. El portavoz del Gobierno afirma que sintió "repelús" cuando conoció el contenido del cuestionario. Izquierda Unida, que ya ha planteado iniciativas tendentes a conseguir la retirada del test, está dispuesta a, acudir a los tribunales si el consejero de salud no se da por aludido.

Su portavoz, Félix Taberna, considera que Calixto Ayesa "disfruta defendiendo y practicando las posiciones más carcas, que como actitud personal son intachables, aunque no compartidas, pero que en el ejercicio de sus funciones como consejero de Salud suponen un grave riesgo de recorte de derechos básicos para sus administrados: ahora es el test, antes fue su negativa a aplicar la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, después fue su campaña contra el sida, etcétera