Podredumbre política

La histérica reacción del Gobierno a los comentarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre pensiones y despidos es buena prueba de que priman las consideraciones políticas sobre las económicas.Ni siquiera los políticos marxistas del Tercer Mundo en los años setenta habían descalificado al FMI y al Banco Mundial -instituciones en las que participa el Estado español, con funcionarios y cuantiosas aportaciones económicas- con expresiones como las que hemos escuchado de miembros de un Gobierno español que dice que quiere estar en la primera velocidad europea: "fundamentalistas", "seríamos más tontos que Abundio si les hicieran caso", "invitados de compañías privadas que se atreven a opinar", "ultraliberales". Y ello porque la lógica del mantenimiento del poder a cualquier precio dirige la acción de Gobierno no a resolver los problemas del país, sino a "recompensar" a colectivos de posibles votantes. Y entre los grupos identificados se encuentran los pensionistas, parados y receptores del Plan de Empleo Rural (PER). Por su parte, la oposición -ejercitada en la lectura de las entrañas de las encuestas- ha llegado a la conclusión de que el grado de desinformación de la ciudadanía es tal que hablar abiertamente de estos temas es asegurarse la pérdida de las elecciones. Fin del debate.

Un sistema público de pensiones no puede calificarse de bueno o malo a priori. Ese juicio sólo puede hacerse a la vista de su relación con la economía del país. En este sentido, ningún Gobierno puede hacer promesas del tipo "mantendremos el poder adquisitivo de las pensiones", con independencia de lo que ocurra con la economía.

La politización -que no el debate- del tema de las pensiones públicas comienza con ocasión de las elecciones generales del 93, cuando el presidente del Gobierno acusa al PP de querer rebajar las pensiones 8.000 pesetas al año. Maliciosa acusación tanto por la escasa cuantía del posible máximo ahorro, 56.000 millones de pesetas, como porque el sistema de pensiones público es sólo un gasto público más.

La separación entre Presupuestos del Estado y de la Seguridad Social tiene sentido cuando el sistema capitaliza las pensiones, lo que no es el caso: el Estado es tan responsable del pago de las pensiones como de los sueldos de los funcionarios. Y cuenta, para hacer frente a esas obligaciones, con todos los ingresos públicos por impuestos, tasas, contribuciones sociales o endeudamiento.

La crisis de gasto y déficit públicos -la crisis del Estado de bienestar- en la Europa desarrollada se relaciona directamente con los pagos a los pensionistas, porque esta partida de gasto presupuestario ha crecido mucho más que otras y las perspectivas son que crezcan aún más, vista la evolución demográfica.

La crisis fiscal en España no tiene hoy, sin embargo, las mismas causas que en la Europa de la economía de bienestar. El enorme crecimiento del gasto público desde 1982 no se ha producido básicamente por el crecimiento del pago de pensiones. En valor absoluto, las pensiones sumaron en 1982 1,6 billones de pesetas -el 8,12% del producto interior bruto (PIB)- y en 1993, 6,3 billones -el 10,28% del PIB-; un crecimiento de 2,16 puntos en términos de PIB.

La crisis fiscal se plantea en España por dos causas diferentes, la forma en que se distribuye el crecimiento del gasto público y el fracaso en dar trabajo a jóvenes y mujeres.

Dentro del gasto público, lo que se ha disparado en España es el consumo público de todas las administraciones públicas, que ha pasado de 2,6 billones en 1982 a 10,5 billones en 1993. En términos de PIB ha crecido del 13,28% en 1982 al 17,33% en 1993. Un aumento de 4,05 puntos.

Pero, incluso si se suman los gastos por pensiones, desempleo, PER, prestaciones no contributivas, ILT, invalidez provisional y ayudas a ancianos, su aumento, desde 1982 hasta 1993, de 7 billones de pesetas sigue siendo inferior al aumento del consumo público (el gasto de funcionamiento de todas nuestras administraciones públicas) que lo hacen en 8 billones de pesetas.

Creo que la experiencia diaria confirma lo que dicen las cifras; las pensiones contributivas, las auténticas pensiones, las que perciben los jubilados que han pagado su contribución a la Seguridad Social durante toda su vida de trabajo, son bajas, el promedio es de 60.000 pesetas/ mes y son muchas las que están en el mínimo legal de 55.000 pesetas/mes, dinero con el que difícilmente se puede vivir en un país tan caro como España. ¿Por qué entonces las aparentes recomendaciones del FMI?

El FMI y cualquier organización que emita una opinión sobre la economía española se topa con unas terribles cifras en una variable básica para el pago de cualquier obligación pública: la relación entre el número de personas que trabajan y el de las que cobran una pensión. En España hay 11,6 millones de personas ocupadas y 7 millones de pensionistas. La relación es, por tanto, de un pensionista por cada 1,6 trabajadores. Es la peor relación de Europa. Una conclusión inmediata es que el futuro de los pensionistas que cobran de una Seguridad Social pública podría ser difícil.

La primera matización que habría que hacer a las recomendaciones del FMI es que la demografía no explica esa relación de 1,6. En términos de población activa España es hoy, todavía, un país joven. Hace veinte años había un pensionista por cada tres personas ocupadas. Hoy, si trabajara la misma proporción de personas que en los países de la economía de bienestar -con quien nos comparamos constantemente-, tendríamos una población ocupada de 16 millones de personas (incluso con un paro del 14%) y la relación entre pensionistas y ocupados sería de 1 a 2,3. Ése es por tanto el problema que año tras año se esquiva. ¿Por qué hay tan poco empleo? El problema básico, que probablemente requiere la reforma fiscal, la de la legislación laboral y la modificación de la financiación de la Seguridad Social, es cómo crear más empresas que inviertan más y que creen más empleo.

Las advertencias del FMI son, sin embargo, relevantes para el futuro porque dada la evolución demográfica española, con un descenso desde un máximo histórico de 680.000 nacidos en 1974 hasta un mínimo de 380.000 de 1993, la situación económica española puede ser muy difícil para todos: tenedores de deuda, funcionarios, parados, proveedores de la Administración y pensionistas. Véase, si no, el gráfico de edades de la población española.

Creo que esos son los datos de un posible debate. Sorprendentemente,en un ejercicio de maquiavelismo político digno de la mejor causa, el Gobierno ha conseguido transformarlo en un mensaje de miedo a los pensionistas: "Os quieren rebajar las pensiones".

Lo ha logrado convenciendo a los pensionistas que el control del gasto público significa menores pensiones y que si se hacen las cosas con seriedad pagarán justos por pecadores. Mensaje que ha calado, porque cuando se habla del PER se piensa no en la ayuda a verdaderos parados, sino en el fraude. Cuando se habla de pensiones se recuerda que el número de los teóricamente inválidos ha crecido de la mano de un fraude consentido, hasta significar el 34% de todos los jubilados. Y si se trata de pensiones de guerra civil se recuerda que cuando se aprobaron se hicieron cálculos de gastos en torno a los 25.000 millones de pesetas anuales y ya sobrepasan los 125.000 millones.

Pero éste no es el caso de las pensiones contributivas, de los que han trabajado_hasta su jubilación. Si acaso, resalta la pequeña diferencia con la pensión asistencial (32.000 pesetas/mes), lo que constituye elemento impulsor de la economía sumergida.

Aunque, naturalmente, si la política económica no consigue que aumente el número de empresas privadas y de empleos, todo se volverá un problema. Incluso las pensiones. Pero antes se dejarían de pagar los intereses de la deuda pública. Otra cosa distinta es el debate sobre las futuras pensiones, pues es evidente que cada vez se justifican más los planes individuales, ajustados a de cada trabajador.

es vicepresidente ejecutivo de Centunión.