El juez investiga operaciones no recogidas en el auto de prisión

La investigación judicial del caso De la Rosa no se ciñe exclusivamente a los delitos descritos en el auto de prisión incondicional, sino que abarca otras actuaciones del financiero durante su gestión al frente de Grand Tibidabo, según fuentes conocedoras del caso.El auto de prisión, dictado por el juez el martes, se apoya en cuatro operaciones concretas en las que ya se han observado indicios de una supuesta apropiación indebida y de una falsedad documental cuya cuantía y número de perjudicados son elevados. Esas circunstancias, unidas a otro requisito legal -que las penas previstas sean superiores a prisión menor-, fueron las dos razones de base para dictar el auto de prisión provisional contra el financiero. Los créditos de 2.700 millones de pesetas concedidos por Grand Tibidabo a Corporación Alimentaría (CAI) -esta segunda sociedad está en quiebra-, los préstamos de 3.300 millones que adeuda De la Rosa a Grand Tibidabo y la venta del 50% de la clínica New Teknon y los terrenos sobre los que se asienta a Grand Tibidabo, son aspectos destacados del auto, según fuentes conocedoras del caso.

El juez encargado de la instrucción, Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha requerido información a varios organismos oficiales y también a entidades privadas sobre las operaciones que se investigan. El juzgado ha decidido inicialmente mantener. el secreto de las actuaciones por un mes.

Las mismas fuentes apuntaron, no obstante, que ni el juez ni la fiscalía pretenden convertir el asunto en una averiguación generalizada de las actividades del financiero durante su gestión al frente de Grand Tibidabo y Gran Península.

Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda que han permanecido instalados durante tres días en el juzgado prosiguen, desde Madrid, el análisis de la documentación y de la información de los disquetes informáticos requisados en las empresas del financiero.

Las fuentes informantes dijeron que se trata de analizar las transacciones de fondos para averiguar si en alguna de ellas se pudo incurrir en algún tipo de desviación de los mismos.Recurso de la defensa

En cuanto a la averiguación del uso de un aval de 1.000 millones que la Generalitat dio a Tibigardens y fue desviado temporalmente por De la Rosa para solventar problemas en sus otras empresas, el juzgado dispone de los datos que inicialmente tenía la fiscalía. El fiscal, en la investigación preliminar, requirió y obtuvo de la Generalitat el expediente de concesión y control de la ayuda pública a Tibigardens.

El defensor de De la Rosa, Joan Piqué Vidal, todavía no ha presentado el recurso contra el auto de prisión del financiero. El plazo para hacerlo expira el sábado de madrugada.