Equilibrio en peligro

EL RETO, y la gran dificultad al mismo tiempo, de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, a la que el Pleno del Senado dará mañana los últimos retoques, es encontrar el justo punto de equilibrio entre los múltiples y contradictorios intereses a los que afecta. Ello explica la tardanza en sacar adelante dicha ley -a los 12 años de prometerla el PSOE- y el largo debate técnico y político de tres años a que ha estado sometida su gestación.Como resultado de este debate se había logrado un amplio consenso político, prácticamente avalado por todos los grupos parlamentarios, sobre la forma de hacer socialmente soportable, y además razonable, la transición del régimen arrendaticio anterior al decreto Boyer de 1985 -el único de Europa que mantiene la prórroga forzosa y la congelación de alquileres- al que diseña la nueva ley. De ahí los diversos escenarios de adaptación de un sistema a otro contemplados en la norma debatida: plazos transitorios más flexibles y prolongados en el caso de viviendas y más enérgicos y reducidos en el de locales comerciales.

Incluso, en lo que se refiere a estos últimos, se había aceptado la conveniencia de distinguir entre los que acogen a grandes negocios -empresas multinacionales, entidades financieras, grandes distribuidores...- y los que están arrendados a pequeños comercios, merecedores de mayor protección por su interés social (una pequeña tienda en un pueblo o en un barrio tiene el carácter, sin duda, de equipamiento social). Y es. que encontrar ese punto de equilibrio entre los intereses en juego, ajustando lo más posible la consideración de los derechos adquiridos a las exigencias reales del mercado inmobiliario, era condición indispensable para el éxito de la nueva ley.

Sin embargo, es dudoso que este equilibrio tan arduamente conseguido a lo largo del debate se mantenga al final con la última enmienda del grupo parlamentario catalán sobré. los contratos. de arrendamiento de locales comerciales, finalmente aceptada por el PSOE.

Según esta exigencia de fuerte sabor electoralista, los contratos de arrendamiento de locales comerciales -concretamente, los que están a nombre de personas jurídicas o sociedades- podrán perpetuarse durante 20 años -originariamente, CiU pretendía que fueran 25 o 30 años-, es decir, prácticamente durante otra generación, tanto si afectan a grandes como a pequeños negocios.

La modernización del mercado de alquileres no pasa ciertamente por la demagogia proarrendataria que rezuma esa propuesta. Pasa más bien por crear un clima de competencia en condiciones de igualdad y sin privilegios entre comerciantes. Y, obviamente, por el convencimiento de los agentes económicos de que comienza a ser factible en España la promoción de construcciones importantes de viviendas en alquiler, como sucede en el resto de los países de la Unión Europea.