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La Administración entrecruzará sus archivos de datos para reducir el volumen de fraude fiscal

El Gobierno está dispuesto a hacer caso a la Unidad de Lucha contra el Fraude y "remover las limitaciones que, en materia de cesión de datos entre Administraciones", impiden un mejor conocimiento de la realidad económica y, por tanto, reducir el volumen de fraude, especialmente el fiscal, pero también el que se produce en Seguridad Social. A partir del próximo año, Hacienda y la Seguridad Social podrán entrecruzar las informaciones que contienen sus respectivos archivos de datos, algo que hasta ahora era ilegal. El proyecto de Ley General Tributaria, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, establece la reciprocidad para el intercambio de datos entre Hacienda y la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros dio luz verde, en el proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, a que a partir del próximo año los archivos de datos de la Seguridad Social sean accesibles para la Hacienda Pública. El artículo 10 del título segundo del proyecto de ley establece en su punto sexto que "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones recaudatorias tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para los fines recaudatorios encomendados a la Tesorería de la Seguridad Social", sin que puedan cederse a terceros, "salvo a las administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones tributarías o para la investigación y persecución de delitos' públicos".El texto de este artículo "remueve", definitivamente, como pedía la Unidad de Lucha contra el Fraude, los obstáculos que había hasta ahora para que Hacienda pudiera tener acceso a esos datos. El proyecto de Ley General Tributaria, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, establece la reciprocidad; es decir, Hacienda podrá facilitar sus datos a la Seguridad Social para que este organismo haga más eficaz su lucha contra el fraude.

"El objetivo de la modificación de la ley es claro", dicen en Hacienda: "Poder controlar a quien paga a la Seguridad Social y sin embargo no hace la declaración de la renta". Para ello es imprescindible poder tener acceso a las listas, de forma que se pueda, "efectuar el cruce entre las bases de cotización a la Seguridad. Social y el resumen anual de retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta". Las autoridades y los funcionarios que tengan acceso a esos datos seguirán obligados a guardar el "más estricto y completo sigilo respecto de ellos", se señala en la ley de acompañamiento.

"La Administración es única", señalan en medios de Hacienda cuando rebaten que la Ley Orgánica de Protección de Datos no impide que haya una comunicación entre las distintas partes de la Administración. "El mecanismo establecido para poder acceder a los ficheros es que la normativa actual se modifique por ley", añaden estas mismas fuentes, "y esto es lo que hacemos con la ley de acompañamiento y con la General Tributaria".

Para los expertos de Hacienda incluso casi no habría ni que modificar la ley. "Las cotizaciones sociales no son otra cosa que un impuesto", manifiestan en el Ministerio de Economía.

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