Las fundaciones, para septiembre

Terminaron ya las vacaciones. Muchas cosas nos esperaban, algunas nos esperaban impacientes; otras, no tanto, a la vuelta de la esquina. Lo sabíamos, pero una de las supuestas virtudes del supuesto descanso estival es que nos hace olvidarlas, posponerlas o, en el mejor de los casos, madurarlas por el simple discurrir de un tiempo que marcha con un ritmo diferente, sin agobios, sin presiones.Pero aquí están, en el otoño, los problemas, los que dejamos aparcados y los que han surgido. Casi podríamos decir que vienen los nuevos problemas de siempre. Algunos asomaron la oreja, es verdad, entre las noticias festivas del agosto asfixiante, recordándonos que seguían ahí, pendientes, como esas asignaturas antipáticas o duras de roer que los malos estudiantes dejan tradicionalmente para septiembre.

Y ahora, entre el cúmulo de problemas que nos esperan, el otoño que todos los años viene caliente, en medio de este panorama, digo, aparecen tímidamente, en un segundo plano, las fundaciones. Las fundaciones son la asignatura que nos queda durante muchos años para septiembre, y luego la olvidamos. Pero este año puede ser que vaya en serio. Ya se han iniciado los trámites para la discusión en el Senado del proyecto de ley de fundaciones.

¿Cuál es la importancia de esta ley? Depende de la óptica con la que se mire, claro. Ruido, dramatismo, urgencia... la verdad, de esto tiene muy poco. Pensemos en los años que han transcurrido desde que se aprobó la Constitución, y ello nos dará la medida. Sin embargo, esta ley tiene (puede tenerlo) un valor simbólico indudable, tendrá un enorme significado si la observamos ' desde la perspectiva del necesario replanteamiento de las relaciones sociedad-Estado o, dicho de otro modo, desde la perspectiva de la necesaria recuperación/ reactivacíón de la sociedad para que ésta se comprometa y participe responsablemente en la solución de sus propios problemas.

En junio, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Hubo acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios sobre algunos aspectos importantes.

Desde el mes de noviembre del año pasado hasta su aprobación en el Congreso, el texto del proyecto de ley ha mejorado, lo cual no quiere decir que nos encontremos ante el mejor texto posible. Ni mucho menos. Todavía hay muchas mejoras, razonables mejoras, que podemos y debemos esperar que se produzcan tras su discusión en el Senado.

Por el artículo 34 de la Constitución, las fundaciones españolas deben ser protegidas y estimuladas. Han pasado algunos años desde que la Constitución fue votada por los españoles. Nunca ha sido considerado un asunto acuciante. El desconocimiento y los prejuicios ideológicos llevaban normalmente a que las fundaciones fuesen vistas con desconfianza y recelo por el poder político. Pero hoy las fundaciones merecen confianza y estímulo. En estos años han crecido en número y en presencia social, han multiplicado y diversificado sus actividades en condiciones no demasiado estimulantes. Una buena ley de fundaciones debe basarse en esta realidad y debe servir para estimular el desarrollo de esta institución, y no al contrario. Y el proyecto de ley, tal y como se encuentra en estos momentos no es satisfactorio.

Todavía hay mejoras posibles, decía. Y esas mejoras sólo serán posibles y deseables a partir del consenso político. El Centro de Fundaciones ha mantenido en todo momento la necesidad de que esta ley había de ser aceptada por la gran mayoría de los grupos parlamentarios. Porque la fundación como institución no está al servicio de una idea política determinada, sino que, al contrario, sirve para expresar la pluralidad de la vida social.

Y en junio, en el Congreso, no se alcanzó el consenso para la globalidad del proyecto de ley. Ahora me parece que estamos ante una muy buena oportunidad para que se consiga. Porque después de intensos y prolongados debates la realidad del mundo fundacional español empieza a ser conocida por los representantes políticos en toda su complejidad. Y creo que la ocasión para que el consenso se produzca respecto al texto del proyecto en su integridad está ahora en el Senado. Una ley consensuada, fruto de la aceptación de numerosas enmiendas tendentes a aminorar controles meramente burocráticos y a mejorar los estímulos fiscales, sería una garantía de estabilidad y permanencia. Concretamente, el grupo Popular, que se abstuvo en la votación del proyecto de ley en el Congreso, debería poder suscribir el texto final. Porque es el momento de que se apruebe definitivamente una asignatura que hemos tenido mucho tiempo pendiente y que se apruebe bien. Las fundaciones españolas son la expresión de una sociedad libre y democrática que quiere alcanzar niveles más altos de libertad y democracia y que sólo necesita para ello la confianza necesaria para poder desarrollarse. El recelo, la desconfianza, los controles excesivos, hoy en día están fuera de lugar, no están justificados por la realidad. El proyecto de ley que salió del Congreso puede y debe mejorarse aún mucho y la ocasión está este otoño en el Senado.