De Primo de Rivera a Felipe González
El conflicto de la enseñanza de la Religión y Moral Católica en los centros no es nuevo en la historia de España. Ya Miguel Primo de Rivera durante su dictadura (1923-1930), bajo la monarquía de Alfonso XIII, tuvo sus problemas con el episcopado. Así consta en el libro Actas de las Conferencias de Metropolitanos Españoles (1921-1965), editado por la Biblioteca de Autores Cristianos, donde los prelados exigían en diciembre de 1923 del Gobierno de Primo de Rivera, por ejemplo, "que la matrícula de la asignatura de Religión sea obligatoria en los institutos de segunda enseñanza". Todo ello, según consta en el acta de la reunión de metropolitanos -organismo previo a la Conferencia Episcopal Española- celebrada en abril de 1924 "porque es fundamento de la vida cristiana".
La cuestión, que llega desde Primo de Rivera hasta los sucesivos gobiernos de Felipe González, también se plantea en la reunión de abril de 1926, cuando los prelados reivindican para los profesores de religión, que han de ingresar "por oposición con la venia de sus respectivos ordinarios", "una escala de sueldos análoga a la de otros profesores". Además, los metropolitanos plantean una exigencia: los alumnos de la asignatura deberían de presentar la partida de bautismo juntamente con la del registro civil".
Ahora, el proyecto del Gobierno de González, regulará por vez primera en la historia de la democracia española no sólo la enseñanza de la Religión y Moral Católica, sino también el estudio de las otras confesiones que tienen suscritos acuerdos con el Estado.
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