El Gobierno separará esta semana las promociones de PSV para facilitar la reanudación de las casas

El Gobierno central dará el visto bueno esta semana a la segregación de las 107 promociones de viviendas de PSV-IGS paralizadas en Madrid desde que se decretó la suspen sión de pagos de esta promotora del sindicato UGT. La disgregación de esta cooperativa es el primer paso para facilitar la reanudación de las obras este mismo mes en la mayoría de esos 12.482 pisos. El plazo para acabar las casas todavía no comenzadas -como en Valdebernardo- se ha fijado en 22 meses. En Madrid Sur, donde ya hay mucho dinero avanzado en ladrillos, antes tendrá que saldarse la elevada deuda con las constructoras.

Tras la sentencia de la semana pasada del magistrado José Antonio Enrech, titular del Juzgado número 63 de Madrid, rechazando los recursos contra la segregación planteados por las constructoras, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se reunirá este jueves para fijar los mecanismos con los que se formalizará esa separación. Al día siguiente se ratificarán en el Consejo de Ministros.En esas jornadas se anunciará la constitución de un consorcio entre el Ministerio de Obras Públicas -a través del Sepes, su organismo de promoción de operaciones urbanísticas- y la Comunidad de Madrid para hacer frente a los problemas más acuciantes de estas promociones,

Está previsto, por ejemplo, que Sepes se haga cargo de toda la operación de Valdebernardo, Dragados y Fomento construyan las casas y las entreguen 22 meses después de que comiencen las obras. Quizá los ladrillos comiencen a llegar antes de que termine este año. Los trabajos empezarán en cuanto el promotor público garantice el precio de las viviendas -entre 13-8 y 14,2 millones-, asuma los activos de lo urbanizado y pague los 1,.800 millones pendientes de licencias, suelo y proyectos.

Manifestación del domingo

Los cooperativistas, en este caso, no han aceptado todavía las cuentas que les han presentado y mantienen para el domingo una manifestación de protesta. Las posiciones, en cualquier caso, están cerca. Las divergencias económicas sobre lo pagado, el coste de las casas y lo pendiente se solventarán si de verdad Sepes se compromete en la aventura. Pero los cooperativistas, según manifestó Juan Antonio Monge, uno de sus portavoces tras la asamblea que celebraron 2.300 personas el domingo en el polideportivo Magariños, no están dispuestos a renunciar al derecho de interponer acciones legales contra los actuales o anteriores responsables de la cooperativa.El presidente de PSV, Valeriano Gómez, ha asegurado que nunca se ha planteado esa exigencia, indicó que el camino penal estará libre siempre para los cooperativistas y aclaró que si éstos firman el acuerdo tan sólo se comprometerán a acatar las cuentas presentadas.

Los directivos de PSV aceleran en estos días las negociaciones con los representantes de las asociaciones de los cooperativistas madrileños más importantes -ayer estuvieron con los de Madrid Sur- para acordar el traspaso de los activos -suelos, licencias- de cada promoción de viviendas. En algunos casos, los resultados de esos contactos ya se han plasmado en acuerdos.

En Madrid Sur, según explicó ayer Vicente Sánchez Cuadrado, portavoz de los cooperativistas, falta saber que sucederá con las deudas contraidas con los constructores. Éstos exigen cobrar para reanudar los trabajos en las ocho promociones a punto de terminar en este barrio. Gómez adelanta una vía de salida posible si un tercero -probablemente el consorcio entre Sepes y la Comunidad- adquiriese esa deuda de 2.300 millones a cambio de que los cooperativistas la devolviesen con parte de los créditos hipotecarios. Las grúas volverían a funcionar este mes. En otras promociones con deudas menores, los propios cooperativistas podrían comprar ese débito y resarcirse luego ante PSV. Muchos socios se han interesado porque sea otra vez esta cooperativa, pese al escándalo, la que les gestione su vivienda.

La cooperativa PSV-IGS tiene una deuda global con las constructoras de 7.125 millones; 6.200 millones, concentrados en Madrid. Estas empresas están muy interesadas en cobrar esa deuda, pero también en no echar por tierra la oportunidad de negocio del resto de las operaciones. Valeriano Gómez se ha comprometido con los cooperativistas a que las casas no sufrirán más sobrecostes que el planteado del 7%. Pero avisa: "La construcción es un proceso abierto y las condiciones económicas se han visto alteradas, los tipos ya no están a la baja y lo mejor sería comenzar ya".