Marco económico
TODOS LOS datos confirman que la economía española ha entrado, al igual que las demás europeas, en un proceso claro de recuperación económica. Así lo refleja el aumento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre: 1,6%, frente al 0,7% en el primero. Pero ha vuelto a ser la demanda externa la principal responsable de ese crecimiento -aunque en menor escala que en trimestres anteriores-, a causa de la mayor expansión de las importaciones.En todo caso, los diversos componentes de la demanda nacional parecen escapar finalmente a la atonía. La inversión en bienes de equipo- crece el 3,41/o anual, mientras que el consumo privado lo hace en un 1,8%. Esta evolución de la demanda se ve confirmada por otros indicadores divulgados en las últimas semanas -índice de producción industrial en junio, de ventas en grandes superficies en agosto, balanza por cuenta corriente en julio...- que respaldan ese diagnóstico que sitúa la economía española en una senda de crecimiento que se mantendrá en 1995.
Si esa recuperación es evidente, no lo es menos que su intensidad y, sobre todo, las "dificultades que plantea el control de sus principales desequilibrios siguen provocando incertidumbre entre los agentes económicos. El IPC de agosto ya ha puesto de manifiesto lo dificil que resulta mantener la inflación en los límites previstos por el Gobierno de forma que se vaya aproximando a los niveles europeos. Pero esa adversa evolución de la inflación incide negativamente en otro factor importante para el crecimiento económico: la reducción de los tipos de interés a largo plazo. Hoy tales tipos se encuentran en niveles poco compatibles con el fortalecimiento de la inversión privada, con la mejora del mercado de trabajo y con la disminución de la elevada carga financiera que habrán de soportar los próximos Presupuestos Generales del Estado.
De lo hecho público por el Gobierno sobre los, Presupuestos se deduce que no serán tan restrictivos como se preveía. Al aumento de los gastos en Sanidad se acompaña la vinculación de algunas partidas a la evolución del IPC. Con ello se han impuesto los objetivos de reactivación de la economía sobre los de la drástica reducción del gasto público. Éste aumenta un 5% en su conjunto, lo que obliga una vez más a sacrificar la inversión publica, que se sitúa por debajo del 5% del PIB comprometido y no alcanzado este año.
La reducción en las cuotas empresariales a la Seguridad Social se ha convertido en la señal más emblemática del apoyo a la economía productiva exigido por Convergéncia i Unió (CiU). Pero sus consecuencias no están del todo claras hoy por hoy, aunque se pueda prever en primera instancia que ese alivio de los costes laborales mejorará la competitividad empresarial y el empleo. La decisión de compensar el descenso de las cotizaciones sociales con aumentos en los tipos del IVA no es una buena noticia. Permite anticipar -y existe sobrada evidencia empírica al respecto- un impacto adverso sobre la evolución del ya maltrecho IPC. El objetivo de sujetar la inflación en un 3,5%, que nuevamente se fija el Gobierno para 1995, se hace así más difícil.
Es un elemento más que justifica cierto escepticismo y que no contribuye a hacer de la política presupuestaria la principal vía de reducción de la incertidumbre que planea sobre la economía española. Sólo cabe esperar que el debate parlamentario sirva para despejar esas dudas y dotar de mayor credibilidad a las opciones presupuestarias del Gobierno. Éste deberá explicar con detalle la fundamentación de tales opciones y convencer de que son coherentes con el entorno económico. Y los partidos de la oposición tendrán oportunidad de demostrar que no sólo son capaces de criticar al Gobierno, sino de defender con rigor sus propios proyectos.
